El primer gol lo ha metido con Torra, después de que el Tribunal Supremo le haya hecho todo el trabajo. Contraviniendo la opinión de la Fiscalía, el TS ha rechazado suspender cautelarmente la decisión de la JEC del 3 de enero de dejar sin el acta de diputado a Quim Torra, pese a que la sentencia por desobediencia no es todavía firme. Lo usual, en casos así, era que la JEC dejase en manos de la institución a la que pertenece el condenado en primera instancia qué hacer con su inhabilitación.

El segundo ha llegado de forma inmediata, aprovechando el reflujo del primer gol. Ni corta ni perezosa, la JEC ha exigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que ejecute su resolución y haga efectiva la pérdida del escaño de Torra.

Esta por ver qué ocurre aquí, en una secuencia que tiene dos botes. En el primero, Torrent tendrá que decidir si obedece a la JEC y deja a Torra sin escaño, con la tormenta política que eso generaría en el independentismo. Si aguanta, se expone él mismo a sufrir represalias. El segundo bote llegará si Torrent sucumbe y toca decidir qué hacer con su cargo de president. El Estatut dice que el president se elige entre los diputados del Parlament, pero a sus redactores no se les ocurrió pensar en qué ocurriría si el president perdiese el escaño durante la legislatura. Un limbo en disputa, carne de nueva judicialización cuyo resultado no es difícil prever.

Pero ha sido el tercer remate el que ha dejado a todos anonadados. Sin reparo alguno, la JEC ha citado a Clara Ponsatí el día 28 en Madrid para que jure el cargo de eurodiputada, al que accederá una vez consumado el Brexit el 31 de enero, cuando el Estado español ganará cinco escaños más en el Parlamento Europeo. La exconsellera de Educación reside en Escocia y, como ya ha establecido el Tribunal de Justicia de la UE, no tiene por qué viajar a Madrid para acatar la Constitución y obtener así el acta de eurodiputada. Es por esa decisión del TJUE que Puigdemont y Comín ya son eurodiputados. Pero a la JEC le importa un comino lo que diga el TJUE.

El buen humor en la Junta les ha llegado hasta para multar con 500 euros a Pedro Sánchez por hacer campaña desde la Moncloa, y con 2.200 euros a la exportavoz Isabel Celáa por hacer lo mismo en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Esta última, además, lo hizo de manera reincidente, después de ser apercibida. Es decir, desobedeció.

Bola extra. 2.700 euros por hacer campaña desde la Moncloa; inhabilitación y destitución por colgar una pancarta desde la Generalitat en campaña electoral.