El Tribunal de Cuentas español ha comunicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todo su Govern la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum del 1 de octubre, que ha cifrado provisionalmente en 4.146.000 euros.

El órgano fiscalizador ha citado a partir de la 9.30 horas a las defensas de Puigdemont, Oriol Junqueras y a otras 29 personas, entre ellas exconsellers y altos cargos para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se ha malversado para celebrar el 1-O.

Esta cifra es aún provisional pues el Tribunal de Cuentas ha dado hasta las 11.30 de plazo para que los representantes legales de los investigados estudien el acta de liquidación y presenten las alegaciones pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe.

Una vez concluya este trámite se dará a conocer la fianza que se impondrá a los líderes independentistas para responder a una posible condena. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este procedimiento es el mismo que en 2017 se inició contra el expresident Artur Mas, a quien se consideró el máximo responsable del coste de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por lo que le obligó a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que supuso el importe total de todas las fianzas fijadas. De este modo, Mas tuvo que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no pudieron afianzar.

Previsiblemente, este mismo sistema se aplicará a Puigdemont, por lo que será responsable de que se devuelvan los 4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas estima que se desviaron de fondos públicos para la votación ilegal.

Entre los investigados, además del 'expresident' y de Junqueras, se encuentran los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado este martes, entre otros, a los representantes legales de Neus Munté y a los exaltos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové y Josep Gineta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

El procedimiento comenzó por la denuncia que Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron en el Tribunal de Cuentas.

Fiscalía no concreta la cifra

En el caso del Ministerio Público, no se fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También destaca que la «acción de la presidencia catalana» en el exterior gastó 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes consideran que el Govern de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat.