El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado francés por las condiciones degradantes en sus cárceles, marcadas por la masificación.
Los jueces europeos también consideran que el Estado galo no protegió el derecho a un recurso efectivo de los 32 presos que denunciaron su situación para que se modificaran esas condiciones.
En su sentencia, los jueces se refieren a las quejas de esos presos por las malas condiciones en las prisiones de Nimes, Niza, Fresnes, Martinica, Polinesia y Guadalupe, así como a la ineficacia de los recursos presentados por esa razón ante los tribunales.
El Estado francés deberá indemnizar a los demandantes con cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 25.000 euros. Solo uno, el polaco Jaroslaw Klapucki, recibirá además 3.000 euros por gastos y honorarios, lejos de los casi 350.000 que solicitó.
La Corte europea constata que la mayoría de los demandantes disponían durante toda su reclusión de un espacio personal inferior a 3 metros cuadrados, es decir por debajo de la norma mínima requerida.
Y en cuanto a los que contaban con un espacio superior, las cárceles, en cualquier caso, «no ofrecen condiciones de detención decentes, ni suficientes libertad de circulación y actividades fuera de las celdas».
El Tribunal de Estrasburgo deja constancia en el fallo de que los recursos para corregir esa situación «no son efectivos en la práctica».
Añade que la masificación carcelaria y el estado obsoleto de los centros penitenciarios suponen «un obstáculo para acabar total e inmediatamente con las graves infracciones de los derechos fundamentales» que sufren los presos.
Los demandantes se quejaban, por ejemplo, de la cercanía de la mesa del comedor y los «aseos insalubres», de la presencia de ratas, cucarachas, ratones y hormigas, de la «falta de papeleras, productos higiénicos», así como de que las sábanas estaban «en mal estado».
El TEDH recomienda a las autoridades francesas que adopten medidas para poner fin a la masificación y mejorar las condiciones materiales de los presos, y que pongan en marcha un mecanismo de recurso preventivo efectivo.
El problema de masificación queda ilustrado, por ejemplo, por una tasa de ocupación del 215% en 2015 en la cárcel de Nimes. En la de Niza, construida en el siglo XIX, la situación de su pabellón de mujeres fue calificada de «intolerable».