TRIUNFO CON DISGUSTO DE ÚLTIMA HORA

El PNV de Iñigo Urkullu ganó en 2016 unas elecciones casi veraniegas (25 de setiembre) con amplio margen, pero el recuento del CERA le reservaba un pequeño disgusto final y un cambio en la relación de fuerzas determinante para la legislatura. EH Bildu obtuvo ahí su escaño número 18, dejando la suma PNV-PSE en 37, es decir, sin mayoría absoluta por un solo voto.

A partir de ahí, el Gobierno se conformó sin problemas y con un enfoque continuista, pero Urkullu se vio abocado a buscar siempre algún socio más. En la imagen, el acto de toma de posesión en Gernika, con Urkullu acompañado de los cuatro lehendakaris anteriores: de izquierda a derecha, José Antonio Ardanza, Patxi López, Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea. Empezaba su segunda legislatura.

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA TORTURA, AL FIN

El Gobierno de Lakua puso su sello al primer informe oficial que reconoce la tortura, elaborado por el equipo del Instituto Vasco de Criminología liderado por Laura Pego y Paco Etxeberria (en la foto con Jonan Fernández): certificó 4.113 casos en las últimas décadas, en un recuento que todavía sigue.

Una minicrisis sucedió a la presentación de la foto, dado que el PSE adoptó una posición negacionista en el primer momento, que luego fue corrigiendo para asumir la realidad. En cualquier caso, la Delegación del Gobierno español (del PSOE) ha llevado a los tribunales la ayuda dada por el Ejecutivo de Uxue Barkos en Nafarroa para un estudio similar, con el mismo procedimiento y equipo.

 

PRESUPUESTOS ESCORADOS A LA DERECHA

El argumento de la «estabilidad» fue explotado por Urkullu para acordar los dos primeros presupuestos de la legislatura con el PP de Alfonso Alonso. Este abrazo en el Congreso en presencia de los dirigentes del PSE Idoia Mendia y Eneko Andueza consolidó la imagen de un Gobierno eminentemente conservador.

En correspondencia, además, en mayo de 2018 el grupo jeltzale en el Congreso anunció su apoyo a los presupuestos de un Mariano Rajoy muy necesitado. Tan inestable que, apenas una semana después, al hilo de la sentencia del «caso Gürtel», el PSOE impulsaba una moción de censura que acababa por descabalgarlo. El PNV se sumaba a ella en un giro de 180 grados. Ahí se acabó, de rebote, el apoyo presupuestario del PP a Urkullu en Gasteiz.

 

MEDIACIÓN, ¿ENTRE PUIGDEMONT Y QUIÉN?

El estallido del «procés» movilizó a Urkullu, pero no en un papel de apoyo a sus homólogos catalanes, sino adoptando una posición de mediador con el Estado, pese a la situación de notorio desequilibrio entre las partes. El 26 de octubre de 2017, el lehendakari de la CAV perseveró para intentar impedir la proclamación de la República al día siguiente, pero no logró convencer a Puigdemont al no darle garantías de que no se aplicaría el 155. Aún falta saber quién estaba realmente al otro lado del teléfono de Urkullu, que se escudó en una petición de empresarios.

El episodio ensució la posterior relación entre Urkullu y Puigdemont, ya en el exilio. Y también entre los partidos: JxCat llegó a mandar una carta de protesta al PNV.

 

EL DESARME, EN BAIONA; LOS LEHENDAKARIS, EN BERTIZ

El 8 de abril de 2018 ha pasado a la historia vasca como el día en que ETA se desarmó con impulso de la sociedad civil y supervisión internacional, en una jornada centrada en Baiona. Urkullu reflejó haberse implicado en los preparativos pero finalmente quiso poner tierra de por medio y declinó la invitación a acudir a la capital labortana.

En su lugar, protagonizó una comparecencia en Nafarroa junto a Uxue Barkos para presentar la llamada Declaración de Bertiz, que no ha tenido impacto posterior alguno. Jean-René Etchegaray fue el único lehendakari presente en Baiona. Urkullu tampoco acudiría un año después a Kanbo, donde se escenificó el final de ETA, aunque sí fue más tarde a Madrid para participar en el acto de certificación organizado por los presidentes español y francés y acompañado de la entrega por París a Madrid del denominado «archivo de ETA».

 

GOBIERNO Y PATRONAL, CODO CON CODO

La imagen corresponde a una recepción de Urkullu a los máximos dirigentes de la CEOE estatal (Antonio Garamendi) y Confebask (Roberto Larrañaga), y más allá de lo protocolario denota la satisfacción expresa de las patronales con el Ejecutivo PNV-PSE.

La relación ha sido muy estrecha en toda la legislatura y el lehendakari ha echado una mano a la patronal siempre que lo ha requerido, como en el permanente debate fiscal o en la larga huelga del Metal de Bizkaia, respecto a la cual hizo unas polémicas declaraciones.

 

51.000 FIRMAS CONTRA LA REALIDAD DE LA POBREZA

La Carta de Derechos Sociales se ha convertido en referencia en la lucha por la justicia social y contra la exclusión. La campaña de Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza recabó 51.000 firmas que se registraron así en el Parlamento de Gasteiz, instando a un debate que no ha llegado.

La RGI ha sido motivo de debate continuo en esta legislatura, al igual que la cuestión de la vivienda, mientras los datos de organismos como Save the Children revelan la realidad de la exclusión en muchos hogares.

 

CABACAS, MALTRATO POLÍTICO Y JUDICIAL

La sentencia por la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza no palió el escándalo, sino al contrario. Hubo un único condenado (curiosamente el mando que no quiso cargar, al que se aplicó un castigo de dos años de cárcel) pese a que la sentencia de la Audiencia de Bizkaia dejó muy claro que la carga estaba absolutamente injustificada.

El jefe de la Ertzaintza y responsable de la comisaría cuando ocurrieron los hechos, Jorge Aldekoa, dimitió tras el fallo judicial. Pero la respuesta política en su conjunto ha sido muy insatisfactoria para la familia; el drama se desencadenó con el Gobierno López, pero los de Urkullu no han impulsado la investigación. En la imagen, Fina Liceranzu y Manu Cabacas ante el Parlamento de Gasteiz.

 

OSAKIDETZA; DIMISIONES SÍ, ESCLARECIMIENTO AÚN NO

La legislatura acaba dejando pendientes en los tribunales las denuncias de irregularidades en la OPE de Osakidetza que se están tramitando. Los sindicatos creen que la filtración de exámenes sería la punta del iceberg de un sistema entero destinado a garantizar la contratación de personas y equipos afines.

Esta imagen del relevo al frente del departamento (Nekane Murga por Jon Darpón) refleja la tensión que ha creado el caso, pero no se ha traducido en mayor transparencia. La cúpula de Osakidetza también ha sido remodelada y se anuncian cambios en el sistema de concursos, además de paralizarse procesos de especialidades investigadas.

 

UN ACUERDO DE BASES HISTÓRICO...O NO

Mediada la legislatura, PNV y EH Bildu sellaron un acuerdo de bases para el Nuevo Estatus que el independentismo de izquierdas calificó de «histórico» en esta comparecencia de Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte en Bilbo.

El pacto abocaba a asentar ese nuevo estatus sobre el derecho a decidir y a construir una relación de igual a igual con el Estado, pero su desarrollo (ponerle letra pequeña) quedó en manos de una comisión de expertos y los trabajos siguieron sin luz ni taquígrafos.

 

PREPOTENCIA POLICIAL ANTE EL RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS

La ley que reconoce a las víctimas de «abusos policiales» (curioso eufemismo) entre 1978 y 1999 en la CAV se aprobó en el Parlamento con un episodio más que significativo. Representantes de la plataforma policial Jusapol increparon desde la tribuna al portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, que tildaba de «asqueroso» su negacionismo.

Jusapol contó con el respaldo del PP. Y bromeó en los pasillos parlamentarios con un gesto que podía entenderse como una pistola o la J de la inicial de su nombre. El incidente está en los tribunales, aunque lo grave no es la forma sino el fondo del tema: las FSE no asumen sus crímenes, más bien parecen jactarse de ellos.

 

TRANSFERENCIAS, ¿AHORA SÍ?

Urkullu había apostado por la llegada de Sánchez a La Moncloa ya en el ciclo electoral de 2015-16, pero Rajoy mantuvo el poder. En junio de 2018 se produjo el relevo vía moción de censura y el lehendakari no tardó en ser recibido con las transferencias pendientes desde 1979 como principal demanda.

Las dos minilegislaturas transcurridas desde entonces apenas han traído avances. En el acuerdo PNV-PSE se establece ahora que el Estatuto se completará en 2020. Difícil de creer a estas alturas de la película, en que los recursos estatales a leyes vascas siguen siendo más frecuentes que las transferencias.

 

LA LUCHA DE LOS PENSIONISTAS, ANTE MADRID Y ANTE LAKUA

La movilización de los pensionistas arrancó en enero de 2018, con fuerza inusitada y epicentro en Bilbo. El desencadenante fue el desprecio mostrado por el Ejecutivo estatal del PP con una subida insultante, pero la campaña enseguida marcó posición también ante las instituciones vascas, reivindicando complementar las pensiones hasta 1.080 euros.

Aunque el Gobierno Urkullu ha intentado desplazar la cuestión hacia Madrid escudándose en el reparto competencial, la protesta le ha interpelado directamente en momentos como esta manifestación de pensionistas ante el Parlamento de Gasteiz.

 

PRESOS; AUSENCIAS, ACUERDOS Y PROPUESTAS

El Gobierno Urkullu acaba la legislatura planteando al Ejecutivo Sánchez agrupar a los presos en cárceles vascas y del entorno, sin condiciones previas. Con ello modifica su propuesta anterior, tanto en lo geográfico (antes hablaba de 250 kilómetros) como en la vinculación a una determinada actitud por parte de cada preso.

La legislatura ha dejado diversos acuerdos parlamentarios desde EH Bildu hasta el PSE en esta materia, pero en general el Ejecutivo se ha seguido mostrando como un agente poco relevante para cambiar la política penitenciaria. Rajoy no cogió el teléfono a Urkullu sobre el tema y Sánchez no le ha hecho gran caso por el momento. Los familiares no han dejado de informarle e interpelarle, en comparecencias como esta de Loiola.

 

UNA NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA CON MUCHA MIGA

Precisamente esa demanda de los pensionistas fue clave en la negociación presupuestaria entre el Gobierno Urkullu (que había perdido el apoyo del PP en respuesta al descabalgamiento de Rajoy) y EH Bildu. Políticamente fue una novedad importante porque hacía dos décadas que no se ensayaba una entente así.

Las conversaciones tuvieron mucho contenido y detalle, además de mayor transparecencia de la habitual, y a punto estuvieron de deparar un acuerdo, pero la oferta final de Lakua no satisfizo los mínimos marcados por EH Bildu. Ello abocó a Urkullu a funcionar en 2019 con los presupuestos prorrogados.

 

EL LÍO DE LOS EXPERTOS DEL NUEVO ESTATUS

La fotografía ilustra el extravío en que cayeron las bases del Nuevo Estatus pactadas por PNV y EH Bildu en la comisión de los expertos nombrados por los partidos. Como cabía temer de antemano dados los recelos jeltzales y el propio formato, el encargo fue distorsionado y además no se ha llegado a acuerdos profundos, si bien la nueva línea de consenso que asoma es la formada por el triángulo PNV-PSE-EP.

En un intento de clarificar la cuestión, EH Bildu ha reclamado que las nuevas reuniones sean públicas, pero sin conseguirlo. El proyecto de Nuevo Estatus sigue con ello encallado y podría volver a ser usado como banderín de enganche electoral por Urkullu por tercera vez consecutiva (es la sexta del PNV si nos remontamos al Plan Ibarretxe lanzado en 2001).

 

LA SENTENCIA DEL CASO DE MIGUEL DERRUMBA MITOS

Hasta trece años de cárcel impuso la Audiencia de Araba por el mayor caso de corrupción producido en Euskal Herria en décadas. Alfredo de Miguel (a la derecha) solo ponía nombre a una trama plagada de dirigentes y militantes del PNV que instalaron un sistema de cobro de comisiones en las instituciones.

Sabin Etxea tomó una posición contradictoria al desvincularse del caso pero pedir perdón al mismo tiempo. El debate en el Parlamento sigue pendiente, dos meses ya después de la sentencia. Y también algunos de sus flecos, como las labores posteriores de De Miguel o el mantenimiento de la contrata pública a Stoa tras aflorar el escándalo.

 

ELKARREKIN PODEMOS, INESPERADO SOCIO FINAL

La satisfacción de los máximos responsables del Gobierno y la incomodidad del líder de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, se palpan en esta imagen del 27 de diciembre pasado. El Ejecutivo Urkullu acababa de lograr la aprobación de sus últimos presupuestos (tras el fracaso del año anterior) con un cómodo acuerdo que le permitía escenificar un perfil más progresista, después de dos años iniciales apoyándose en el PP.

El peculiar apretón de manos sella un nuevo eje de alianzas PNV-PSE-Podemos en tres instituciones diferentes: Gobierno de coalición bilateral con apoyo jeltzale en Madrid, Ejecutivo trilateral (Geroa Bai incluido) en Iruñea y Gobierno a dos bandas con aval de EP en Gasteiz.

 

30 DE ENERO, MÁS QUE UN TOQUE DE ATENCIÓN

El 30 de enero, decenas de miles de personas se echaron a la calle secundando la llamada de la Carta de Derechos Sociales. La movilización fue descalificada por Iñigo Urkullu hasta el punto de no recibir a los convocantes, al contrario de lo que hizo María Chivite en Nafarroa, pese a que las dos instituciones eran interpeladas al igual que el Gobierno español.

Los sindicatos han emplazado a los ejecutivos y patronales a responder a sus demandas en un plazo máximo de dos meses, indicando que se activará una primavera de movilizaciones en caso contrario. Un aviso que ha podido pesar en el adelanto electoral.

 

ZALDIBAR, CATÁSTROFE HUMANA Y CRISIS POLÍTICA

El derrumbe del vertedero de Zaldibar el pasado jueves se llevó por delante a dos trabajadores desaparecidos, en una tragedia que pone además graves dudas sobre la gestión previa y posterior de las administraciones implicadas. Y especialmente el Gobierno de Lakua, por su responsabilidad en los permisos y la inspección ambiental.

Víctimas y población han denunciado la falta de empatia (ningún miembro del Gobierno se ha acercado a la zona hasta cuatro días después), en unas jornadas en las que el lehendakari y su Ejecutivo parecían absortos únicamente en la cuestión de este adelanto electoral.