«El Covid-19 ha comenzado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de migrantes, así como a instituciones de acogida y hospitales psiquiátricos», ha afirmado la alta comisionada Michelle Bachelet, al hacer repaso de colectivos «extremadamente vulnerables» por ver limitados sus movimientos.

El riesgo se agudiza en centros ocupados por encima de su capacidad, donde «las personas a menudo están en malas condiciones higiénicas y los servicios médicos son inadecuados o casi inexistentes». Bachelet ha asegurado que guardar las distancias o permanecer aislados en estos contextos es «prácticamente imposible».

La alta comisionada ha admitido que los gobiernos se ven obligados a tomar «decisiones difíciles» en esta pandemia, pero les ha instado a «no olvidar a quienes están entre rejas», también para proteger a funcionarios, visitantes y «a la sociedad en su conjunto», según un comunicado de su oficina.

La expresidenta chilena ha propuesto excarcelaciones, especialmente de personas vulnerables y que acumulen delitos menores, y ha subrayado que, «ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin suficiente base legal, entre ellos presos políticos y otros detenidos simplemente por expresar ideas críticas o disidentes».

Las detenciones no pueden generalizarse

Sobre las restricciones de visitas, ha llamado a tener en cuenta que la suspensión repentina del contacto con el mundo exterior puede acarrear conflictos dentro de las cárceles y ha planteado que se estudien medidas alternativas como videoconferencias, correo electrónico o llamadas telefónicas.

Bachelet también se ha mostrado «profundamente preocupada» por las amenazas de penas de cárcel contra quienes violen alguna de las medidas adoptadas para prevenir los contagios, por ejemplo el confinamiento. Estas detenciones, ha advertido, «probablemente agravarán la situación de las cárceles y no ayudarán a detener la expansión de la enfermedad».

«La detención debería ser una medida de último recurso, especialmente durante esta crisis», ha reclamado la jefa de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Un plan económico ambicioso

Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento este miércoles a movilizar 2.000 millones de dólares (algo más de 1.900 millones de euros) con el fin de poder dar asistencia a los países más vulnerables para hacer frente a la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

«El Covid-19 está amenazando a toda la humanidad, por eso toda la humanidad debe defenderse», ha reivindicado Guterres en el lanzamiento de la petición, advirtiendo de que «las respuestas individuales de los países no serán suficientes».

«Es el momento de dar un paso adelante en favor de las personas vulnerables», ha reivindicado Guterres, que ha estado arropado por el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore.

El plan está dirigido a ayudar a 51 países de Sudamérica, África, Oriente Próximo y Asia a través de las agencias de la ONU y las ONG. Buena parte de los países que se beneficiarán se encuentran en el continente africano, con la salvedad de Afganistán, Birmania y Ucrania, así como Venezuela. En este último caso, se tiene en cuenta la emergencia a nivel regional que ha provocado el éxodo de venezolanos. Lo mismo ocurre con el conflicto en Siria o con otros en Africa que han generado un gran número de refugiados en los países vecinos.