Maddalen Dorador y Gorka Berasategi, responsables de servicios privados y públicos del sindicato, han comparecido para denunciar la situación de indefensión en la que se encuentran los trabajadores que realizan actividades esenciales, «la mayoría pertenecientes a sectores feminizados, condenadas y condenados al contagio por coronavirus ante la falta de protección».

En este sentido, LAB ha decidido informar a la Fiscalía sobre todas la situaciones de riesgo con el fin de que abra instrucción por vía penal.

«Desde el 13 de marzo estamos diciendo que hay que declarar Euskal Herria en servicios mínimos, que hay que cuidar a quienes trabajan en los servicios esenciales. Dos semanas después, se ha decretado el cese de la actividad económica», han declarado.

«Entonces, y solo entonces, se han escandalizado los gobiernos autonómicos, a las órdenes de Confebask», han remarcado.

Y han añadido que «una vez más» han demostrado «su absoluto desprecio hacia todas y todos esos pequeños autónomos que han cerrado por responsabilidad, o hacia esos miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo, dejando en evidencia que defienden a una minoría».

Trabajos de cuidado invisibilizado

Con la «excusa» de la crisis sanitaria, Dorador y Berasategi han subrayado que «quienes cuidan nuestras vidas están obligadas a trabajar sin ningún tipo de protección».

De hecho, han denunciado que «las medidas de protección se están orientando hacia la supervivencia de la gran industria».

De este modo, han explicado que «miles de mujeres tienen que ir a trabajar sin equipos de protección, poniendo en riego su salud y la de sus allegados», y han puesto como ejemplo a las mujeres que trabajan en la limpieza, a quienes la Administración Pública «les obliga a limpiar los centros cerrados, generalmente sin guantes, nunca con mascarilla».

En virtud de ello, han incidido en que las mujeres que limpian en Osakidetza y Osasunbidea no son consideradas personal sanitario, «aunque sin ellas no podría funcionar», pues son las primeras en acceder a las habitaciones para realizar las desinfecciones, pero «las últimas en recibir equipos de protección».

«También son invisibles las trabajadoras que tienen que seguir limpiando los transportes públicos, las oficinas de Correos, los cajeros o las comunidades de vecinos, y no estamos hablando de esos militares que salen en la televisión fingiendo desinfectar, sino de todas esas mujeres invisibilizadas», han insisito.

Así, han informado de que la semana pasada interpusieron diversas denuncias ante la Inspección contra ISS, Ilunion, Sacyr, Garbialdi, Metrópoli y varias empresas más, «porque mandan a estas trabajadoras a trabajar sin equipo de protección, poniéndolas en riesgo». «Hoy por hoy, no tenemos respuesta», han añadido.

Asimismo, han denunciado la situación del personal sanitario y han explicado que escuchan «con preocupación» los llamamientos que este personal está realizando para conseguir medidas de protección.

«Cuando la dirección de Osakidetza o Osasunbidea no protege la salud de sus trabajadores, ¿debemos pedir caridad para conseguir máscaras?», se han preguntado.

También han apuntado que la situación es «muy grave» en el ámbito de los cuidados a personas mayores, donde «miles de mujeres se están contagiando a diario en su trabajo», en residencias de personas mayores o servicios de ayuda a domicilio que son servicios mayoritariamente subcontratados por instituciones públicas.

Y han insistido en que el nivel de contagio que se está dando en estos servicios «está generando situaciones de colapso».  «Estas mujeres están siendo consideradas trabajadoras de segunda categoría para las autoridades vascas, asumiendo plenamente que su destino es contagiarse», han dicho.

En vista de «esta gravísima situación», el sindicato ha decidido recurrir a la vía penal para denunciar todas las situaciones de riesgo. Así, cuando las detecten, han informado que llamarán a la autoridad policial para que haga atestado; informarán por escrito al responsable del servicio y a Sanidad; e informarán asimismo a Fiscalía para que inicie instrucción por la vía penal.