La central sindical ESK anunció la semana pasada su intención de denunciar la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno de Lakua, Arantxa Tapia, por los presuntos delitos contra la salud pública y de prevarización, tras acordar la vuelta al trabajo de miles de personas durante el estado de alarma por la pandemia.

Este martes por la mañana ha oficializado esa denuncia en el juzgado de guardia de Bilbo.

El miembro de la coordinadora nacional de ESK Igor Mera ha explicado después de presentar la denuncia que ambas mandatarias se arrogaron unas funciones que no tenían al acordar la ampliación de las actividades económicas que podían mantenerse, lo que conllevó «un grave riesgo contra la salud pública por la vuelta al trabajo de miles de personas».

Ha relatado que el Real Decreto-ley 10/2020 del 29 de marzo que ordenaba la paralización de las actividades económicas salvo las consideradas esenciales y establecía la posibilidad del cobro del permiso retribuido recuperable para los trabajadores de las empresas afectadas, «facultaba al ministro de Sanidad para interpretar el propio decreto o para ampliarlo o matizarlo, si fuera necesario».

Ese decreto «provocó un enfado monumental tanto en Confebask como en el PNV, que llegó incluso a amenazar al Gobierno» de Pedro Sánchez con retirarle su apoyo, lo que podría «precipitar unas elecciones anticipadas», ha analizado Mera.

«Como consecuencia de ese rechazo, la ministra de Industria hizo una nota aclaratoria que permitía extender el concepto de servicios esenciales mucho más allá de lo que marcaba el Real Decreto Ley» y además, unas horas después, la consejera vasca «hizo otra nota aclaratoria, que iba aún más allá que el Ministerio de Industria», ha censurado.

Sin embargo, Mera ha indicado que «ni la ministra ni la consejera estaban facultadas» para adoptar ese tipo de decisiones y así se arrogaron unas competencias que no les correspondían, por lo que podrían haber cometido un delito de prevaricación, denunciado este martes por ESK.

Asimismo, ha argumentado que, al haber ampliado las actividades que se mantenían obligaron a volver a su puesto a miles de trabajadores y trabajadoras y tomaron así una decisión que «contravenía el espíritu de la norma», que buscaba ahondar el confinamiento, y «representó un grave peligro para la salud pública» por la posibilidad de multiplicar los contagios de la enfermedad Covid-19.

Denuncia penal contra Tapia

ESK ya interpuso una denuncia penal en la última semana de marzo. El sindicato demandó contra la consejera de Desarrollo Económico de Lakua, Arantza Tapia, por «denegación de auxilio» en relación a la crisis sanitaria del Covid-19. A juicio de la central, «resulta incongruente que en muchas empresas no hay problemas de abastecimiento de material como mascarillas y guantes, mientras que en los hospitales existe una escasez poniendo en riesgo la salud de nuestros sanitarios y sanitarias».