Más de medio centenar de organizaciones sociales y sindicales, entre las que figuran Sare, Etxerat, Salhaketa, Altsasu Gurasoak, han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), dependiente del Ministerio español de Interior «aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa».

En un comunicado, han recordado que si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora «la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo».

Asimismo, han advertido de que las recomendaciones dadas por el Defensor del Pueblo estatal son «muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa». Y han remarcado que el Síndic de Greuges catalán ha recomendado «la agilización de las actuaciones para excarcelar al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2». Algo «mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa».

Han señalafo que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo de Europa, «uno de los estados europeos con el mayor número de personas mayores de 50 años (20% de la población total) y mayores de 65 años (2,5%)»; y han criticado que el «escaso uso» que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario, en sus artículos 100.2 y 86.4.

«Apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias», han manifestado, y han lamentado que «la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas». «En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable», han añadido.

Ante esta situación, las organizaciones han insistido en que es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad; reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión; activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria; y garantizar «de forma efectiva» canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias.