LAB ha solicitado «unas medidas cautelarísimas inauditas» ante el Departamento de Salud del Ejecutivo de Lakua debido a «la falta de respuesta de dicho departamento» para la intervención directa en «las residencias Carmelitas de la Caridad en Gasteiz y Abeletxe en Ermua, sobre los derechos fundamentales, derecho a la salud, vida e integridad física».

La central sindical subraya que «la situación de los servicios sociales en Hego Euskal Herria ha superado el calificativo de extremadamente grave», que tiene su origen «en el modelo de cuidados de responsabilidad pública pero de gestión privada». LAB sostiene que ese sistema hace que «las administraciones se desentiendan de sus propias obligaciones, rehuyendo del tutelaje respecto de las condiciones en las que se prestan los servicios, de la calidad de los mismos y transfiriendo estas funciones, así como importantes fondos públicos a empresas privadas».

Los servicios incluidos en el ámbito de los cuidados, bien dirigidos a menores, personas en exclusión social, así como los dirigidos a personas dependientes «continúan sin contar con planes de contingencia adaptados a cada caso. El Covid-19 y sus fatales consecuencias se expanden sin resistencia alguna», afirma.
 
Para LAB, las gestoras de los servicios «han sido incapaces de gestionar adecuadamente esta situación y el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra han actuado tarde y mal, persisten en la defensa de un modelo que no cuida, sino que abandona».
 
Sostiene que ser una persona dependiente y residente de un centro de la red pública es «el principal factor de riesgo». Advierte de que un 40% de los fallecimientos causados por el Covid-19 en Hego Euskal Herria «se están produciendo en centros residenciales para la tercera edad. La situación es dramática».
 
«Hemos exigido al Departamento de Salud la intervención directa de dos centros residenciales como son la Residencia Carmelitas de la Caridad en Gasteiz y Residencia Abeletxe en Ermua, al objeto de que se implanten planes de contingencia con el contenido mínimo exigido en la prevención y control, estudios reales de epidemiología a todas las personas trabajadoras y usuarias, aumento del personal de atención directa e indirecta, entre otras medidas, así como dotando de suficiente personal médico y de enfermería.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, LAB ha interpuesto «una solicitud de medida cautelarísima inaudita sobre tutela de derechos fundamentales, derecho a la salud, vida e integridad física frente al Departamento de Salud del Gobierno Vasco».