Según ha explicado el sindicato abertzale, se trata de servicios de comedores escolares comarcales, transporte escolar, limpiezas y gestión deportiva, un sector «precarizado», con plantillas compuestas mayoritariamente por mujeres y contratos de jornada reducida.

En estos casos, dice, es en los que el Gobierno debe proteger a los trabajadores, no permitir la tramitación de los ERTE y asumir los salarios y cotizaciones de estas personas, con sueldos de 300 ó 400 euros mensuales y que los verán reducidos en un 30% si van al paro.

Y recuerda que por el estado de alarma estas empresas ya tienen suspendidos sus contratos con la Administración y el coste de los salarios «los cobrarán en concepto de indemnización».

Para LAB, el Gobierno de Nafarroa «debe responsabilizarse de esta situación» provocada por «su poca claridad», de ahí que haya decidido recurrir los ERTE de estas empresas para que sus trabajadores no tengan que «pagar también» esta situación.