El Parlamento de Irak aprobó a última hora del jueves el Gobierno del nuevo primer ministro, Mustaphah al-Kazemi, poniendo fin al mandato interino de Adel Abdul Mahdi, quien dimitió a finales de noviembre a raíz de las protestas que denuncian la precariedad de las condiciones de vida en el país árabe y exigen un cambio de régimen.

La Cámara avaló a quince de los ministros presentados por Al- Kazemi y pospuso la votación de los titulares de Exteriores y Petróleo, carteras verdaderamente estratégicas para diseñar el futuro de Irak, así como de otras cinco de menos peso.

Al Kazemi, jefe de los Servicios de Inteligencia, se convirtió el 9 de abril en el tercer candidato a primer ministro  después de que el gobernador de la ciudad santa de Najaf, Adnan al Zurfi, fuera vetado por el bloque chií proiraní al considerarle «proestadounidense» y de que el primer aspirante, Mohamed Allaui, fuera rechazado por las minorías kurda y suní, que le veían como «una marioneta de Teherán».

El político, que no tiene base partidista pero tampoco apoyo popular, ya ha sido rechazado por los sectores que estaban saliendo a la calle contra la clase política hasta la llegada de la pandemia y el confinamiento, y tiene ante sí una tarea hercúlea.

En el plano económico, el desempleo es general en todo el país por el confinamiento, los ingresos petroleros en un país totalmente rentista han caído a un mísero 20% en un año y el nuevo gobierno planea emitir dinares a mansalva, con el consiguiente riesgo de una devaluación masiva.

Chiíes, suníes y kurdos

En el plano político interno, deberá lidiar con una crisis de confianza total entre la ciudadanía que le debería de apoyar, la mayoría chií del país –los suníes están completamente marginados y los kurdos siguen a lo suyo– y la clase política, exacerbada por una represión y guerra sucia contra la «revuelta de Octubre» que ha dejado un saldo de 550 muertos, centenares de detenidos y desaparecidos y miles de heridos.

Un escenario que podría convertirse en explosivo y sumar el malestar económico y la desconfianza política al grupo de irreductibles que resisten acampados en la Plaza Tahrir de Bagdad. Y que podría aunar a su causa a la población suní del centro y norte del país y a los kurdos, cuyo gobierno autónomo lleva meses sin recibir de Bagdad el dinero para pagar los sueldos a sus funcionarios.

En medio de este marasmo, el primer ministro de consenso deberá asimismo hilar muy fino entre EEUU e Irán. La orden de expulsión de las tropas estadounidenses que decidió el Parlamento tras el «magnicidio» del comandante iraní Qassem Soleimani sigue vigente.

Pero Washington tiene la llave para permitir o impedir que los iraquíes tengan siquiera luz en sus casas. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, llamó ayer mismo a Al-Kazemi para anunciarle que prorroga en otros 120 días la exención para Irak de la prohibición de que compre electricidad a Irán.