Esta semana han comenzado a relajarse algunas de las medidas tomadas para frenar la pandemia, lo que inevitablemente nos lleva a mirar al futuro, a la necesaria reconstrucción de la vida social y de la economía. Cualquier plan necesitará recursos y serán más o menos importantes en función de la ambición que lo impulse. Por de pronto, esta semana también se han conocido los datos de la recaudación hasta abril de las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en el Parlamento de Nafarroa la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, informó de las previsiones de ingreso que maneja su Departamento para todo el año.

Existen diferencias entre territorios, pero, en general, excepto Bizkaia que no ha hecho pública su previsión, el resto pronostica una caída en la recaudación de alrededor del 20% para este año. Gipuzkoa sitúa la horquilla entre el 20% y el 25%. Una pérdida de ingresos considerable, bastante mayor que el desplome previsto para el Producto Interior Bruto (PIB), que en Nafarroa, por ejemplo, la consejera situaba entre el 6,4% y el 9%. Algo en parte lógico, ya que los impuestos no se recaudan como porcentaje del PIB, sino que a cada renta, consumo, propiedad o negocio gravado se le aplica una carga diferente. No obstante, las previsiones de pérdida de recaudación parecen excesivas, puesto que algunos ingresos que no se han obtenido ahora, simplemente han sido aplazados y es difícil predecir la evolución de la pandemia y, por tanto, de la actividad económica a lo largo de todo el año.

Si tomamos en consideración los datos reales de los cuatro primeros meses que han dado a conocer las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, las disparidades son importantes. Mientras Gipuzkoa informa de una caída en los ingresos de un 24,4% con respecto al año pasado, casi uno de cada cuatro euros recaudados, Bizkaia notifica un descenso del 14,8 % y Araba se queda en el 12,3% de caída. Excepto en Gipuzkoa, el descenso queda lejos de las previsiones que se han hecho públicas estos días. Además, cada territorio tiene sus propias peculiaridades que pueden hacer que el impacto sea diferente.

En cualquier caso, tres son las principales causas del descenso en la recaudación. En primer lugar, está el parón en la actividad económica que merma directamente la recaudación. Pero, además, las haciendas forales han tomado medidas para paliar las consecuencias del confinamiento. El objetivo de todas ellas ha sido aliviar la carga a los contribuyentes, de modo que prácticamente todas reducen la recaudación, bien porque se adelantan las devoluciones pendientes, por ejemplo del IVA, o bien porque se amplían los plazos para hacer los ingresos correspondientes a marzo y abril. La excepción puede ser la campaña de la renta que al retrasarse ha provocado que las devoluciones también se hayan pospuesto. Ese efecto es especialmente evidente en Araba, donde la recaudación por IRPF ha subido un 21,6% con respecto al año pasado.

Balance por impuestos. A partir de los datos que se han hecho públicos de la recaudación por impuestos se observan diferencias entre los territorios. Así, en IRPF la recaudación ha descendido un 7,6% en Bizkaia y un 9,2% en Gipuzkoa, mientras que en Araba ha subido por el retraso de la campaña de renta. El comportamiento en sociedades ha sido más dispar: ha caído un 14% en Araba y un 17, 3% en Bizkaia y, sin embargo, en Gipuzkoa ha subido un 11% como resultado de un aumento de recaudación por ganancias patrimoniales, esto es, por ventas de patrimonio. Al ser tan pequeña la recaudación por este impuesto, cualquier variación de algún componente altera significativamente la tendencia.

En cuanto a los impuestos indirectos, mientras en Bizkaia el IVA ha caído un 17,6%, en Gipuzkoa el descenso ha llegado hasta el 40,7% y en Araba, al 31% de lo recaudado el año pasado. Y el impuesto sobre hidrocarburos deja un dibujo similar: en Bizkaia crece un 1,5%, mientras en Gipuzkoa y Araba cae un 30,7% y un 27,9%, respectivamente. Diferencias atribuibles al modo en el que se recauda el IVA –en las sedes de las empresas y no donde se consume– y a que los depósitos fiscales de hidrocarburos se encuentran en Bizkaia. Por ello, los impuestos indirectos se suelen ajustar entre los territorios y con el Estado. En cualquier caso, el descenso del consumo es general –especialmente de combustibles– por el confinamiento y dejará una importante caída a final de año.

El déficit. Si las previsiones de recaudación tan pesimistas que han hecho se cumplen, el déficit en las cuentas públicas de este año rondará ese 20% sobre el presupuesto aprobado. Generalmente el déficit se suele medir sobre el PIB para facilitar la comparación entre territorios de diferente tamaño. En ese caso, el déficit de 2020 sería en cada territorio de alrededor de un 4% del PIB, tumbando de golpe todos los preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Eso por el lado de los ingresos. La repercusión en el gasto también será importante. A la par que cae la recaudación, determinados gastos crecerán. Solamente la consejera de Economía de Nafarroa dio algunos datos al respecto, pero dan una idea bastante completa de los cambios. Según detalló Saiz, se ha producido ya una desviación en el gasto de 164 millones, entre los que destacó 75 millones más en el Departamento de Salud y otros 14 en el Departamento de Derechos Sociales. Sumada esa desviación a la prevista en los ingresos, el déficit ya no rondará el 20% de la caída de los ingresos sino que se acercará al 24% del presupuesto. Esa desviación en el gasto significa que el déficit este año pasará del 4% al 4,8% del PIB aproximadamente, casi un punto más.

Y es más que probable que los gastos sanitarios y en protección social continúen esa línea ascendente durante lo que queda de año. Tanto los menores ingresos como el crecimiento de los gastos no previstos obligará a todas las instituciones a una reorganización del gasto, incluso en el caso de que opten también por el endeudamiento para cubrir el déficit. Los presupuestos aprobados para 2020 han sido ampliamente superados por los acontecimientos y ahora toca reelaborarlos completamente. Habrá que optar por seguir construyendo túneles o por contratar personal sanitario y ayudar a los autónomos; entre hacer el TAV, como dice Arantxa Tapia, o ampliar la cobertura de la Renta de Garantía de Ingresos o las ayudas al pago de alquileres, etc. Y en esa reorganización del gasto se verá hasta dónde llega el compromiso social de los actuales Gobiernos.

Endeudamiento y nuevos impuestos. En relación con los ingresos, las instituciones vascas están sometidas, por un lado, a las urgencias del Estado español, que al estar fuertemente endeudado obliga al resto de instituciones a no tener déficit, para así compensar su enorme carga. Por otro, están las draconianas reglas de la UE que no permite a los Estados financiarse acudiendo directamente al BCE y además obliga, a partir de cierto umbral, a todos los Estados a reducir déficit y deuda por encima de cualquier otra consideración económica o social.

Evidentemente, este año el recurso al endeudamiento para cubrir el déficit será generalizado e imparable por lo excepcional de la situación, pero es de esperar que, en cuanto las turbulentas aguas se calmen un poco, volverá con más fuerza, si cabe todavía, la exigencia de recortar el gasto social y equilibrar las cuentas. En este escenario totalmente opresivo para las instituciones vascas el mejor modo de lograr cierta autonomía presupuestaria es abordando una reforma en profundidad del sistema fiscal. Solamente atendiendo a una mayor equidad y progresividad se podría avanzar mucho para acercar la presión fiscal a la media europea. Una reforma fiscal pondría en manos de las administraciones públicas recursos para inversiones sociales que, a la vista de los acontecimientos, son cada vez más urgentes.

En este contexto, y a corto plazo, se puede cubrir parte del déficit con una tasa temporal, como la tasa covid propuesta por EH Bildu. Gravar los beneficios extraordinarios y, sobre todo, a los grandes patrimonios proporcionará recursos a corto plazo sin debilitar la economía.

Una medida que es competencia de las diputaciones, cuyas haciendas tienen mucha mayor capacidad financiera que los ayuntamientos para hacer frente al desfase de ingresos. Por ello, recortar ahora el fondo foral, como denunciaron varios alcaldes, ahogará todavía más a los municipios sin ninguna justificación. Es una medida propia de un Gobierno pulsilánime.