Entre otras medidas, en el documento político titulado ‘Por una salida justa’, se plantea subir los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital (recargo de un 20% en Sociedades, máximo del 60% en IRPF); publificar las subcontratas públicas del ámbito sanitario y de los cuidados (residencias, ambulancias, etc) y consolidar el empleo no fijo de las Administraciones («ahora, un tercio de los contratos son precarios tanto en la CAV como en Nafarroa»); lograr un ingreso mínimo del SMI para personas desempleadas y receptoras de RGI; y crear una banca pública en Nafarroa, y que Kutxabank vuelva a manos públicas.

ELA ha cuantificado en 3.750 millones en la CAV y 900 millones en Nafarroa los ingresos para las arcas públicas con las subidas de impuestos de Sociedades, Patrimonio e IRPF para las rentas altas.

En una análisis amplio y detallado, que ha sido presentado este lunes en Bilbo por el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y por Mikel Noval y Maialen Aranburu, del comité ejecutivo, la central sindical establece lo que será la columna vertebral de su trabajo para los próximos meses.

Parte de la base de que «la economía estaba enferma antes de la propagación del coronavirus. Sin embargo, la pandemia ha supuesto un shock que ha puesto en jaque a la economía mundial», según explica. «Las mayores potencias se están viendo afectadas –añade– en menor o mayor medida y las consecuencias de esta emergencia sanitaria aún están por llegar. Se trata de una situación que afecta directamente a la economía productiva».

Aumento ingresos públicos

ELA entiende que se debe obtener un aumento de ingresos públicos y abandonar las políticas de austeridad seguidas desde la crisis de 2008. Para ello, propone «poner el Banco Central Europeo al servicio de las políticas públicas» y reclama la «eliminación» de los paraísos fiscales.

En el ámbito de Hego Euskal Herria, en este sentido, establece en el Impuesto sobre Sociedades la eliminación de las deducciones y establecimiento de un recargo especial en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2019 equivalente a un 20% de los beneficios de ese año. «De esta forma en la CAV se obtendrían 1.750 millones de euros y 400 millones en Nafarroa».

En cuanto al Impuesto sobre Patrimonio, riqueza y grandes fortunas, fija un recargo específico, que sea progresivo y se sitúe entre el 1% y el 10%. Se recaudarían unos 2.000 millones más en la CAV y 500 millones en Nafarroa. Y como tercer medida, establecería un IRPF más progresivo. Para lo que «modificaría la escala, llevando el tipo marginal máximo al 60% y la eliminación de la tarifa específica del capital. «La cuantificación dependería del aumento de progresividad de la escala», explica.

Otro elemento esencial, a juicio de ELA, sería la paralización de las grandes infraestructuras: TAV, variante sur ferroviaria, túnel subterráneo del Gran Bilbao, canal de Nafarroa, entre otras, y solicita que sus presupuestos se destinen «a presupuestos sociales».

No se quedan ahí las actuaciones, puesto que ELA pide eliminar «el déficit presupuestario en Sanidad y Educación respecto a la media europea de restricción en un periodo de 3 años, lo que equivale a 1.800 millones en Salud y 660 millones en Educación en la CAV, y a 427 millones en Salud y 338 millones en Educación en Nafarroa» y consolidar, por otro lado, «el empleo de todo el personal temporal en la Administración» y «publificar los sectores subcontratados, como residencias, atención domiciliaria, ambulancias, limpieza,etc garantizando la subrogación y consolidación del empleo».

Amparo a la pobreza

En cuanto a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Renta Garantizada (RG) pide que que se sitúen en el 100% del SMI «para personas solas, y se incremente en un 50% por persona adicional de la unidad convivencial». Pide que se complementen las pensiones hasta los 1.080 euros mensuales y a quienes están en paro se les garantice unos ingresos mínimos equivalentes al SMI. En este caso, a quienes están en ERTE con motivo de la covid-19, plantea que se complementen hasta el 100% del salario.

Ante la actual crisis sanitaria, económica y social, ELA reclama también que se garantice en las leyes de Servicios Sociales «el derecho subjetivo a que todas las situaciones de dependencia sean cubiertas mediante un sistema público, universal, gratuito y de calidad». También que se imponga el derecho subjetivo a acceder a una vivienda de alquiler social, «así como el acceso a los bienes básicos y limitar el precio del alquiler».

Añade, entre otras medidas, que se deben «equiparar los derechos de las empleadas de hogar al del resto de trabajadoras y trabajadores».

Por último, entre otros iniciativas, ELA plantea la jornada de 35 horas («mínimo 20 horas»); que el salario mínimo se establezca en 1.200 euros al mes; acabar con la brecha salarial y convertir en tiempo de trabajo completo el trabajo a tiempo parcial «impuesto fundamentalmente a mujeres».