Los Veintisiete dieron ayer el último paso en el procedimiento de adopción del reglamento después del acuerdo político alcanzado la pasada semana a nivel de embajadores. La vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló entonces que la intención de su Gobierno es utilizar esta herramienta, bautizada en la jerga comunitaria como SURE.

Para financiarla, la Comisión Europea emitirá deuda europea con la garantía de los Estados miembros. De hecho, el fondo no comenzará a funcionar hasta que todos hayan aportado su aval particular, cuyo tamaño irá en función del PIB de cada uno, hasta alcanzar un total de 25.000 millones de euros .

Los fondos, que tratan de paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus, se trasladarán a los Estados que lo soliciten a través de préstamos y siempre que puedan demostrar un incremento «repentino e importante» del gasto público a partir del 1 de febrero relacionado con los esquemas de trabajo parcial o medidas similares para autónomos.

Sin embargo, la normativa establece un techo de 60.000 millones que no podrán superar los tres Estados más beneficiados por el fondo. Esto supone que el Estado español podría pedir como máximo unos 20.000 millones a cargo del SURE.

El instrumento será temporal, con un final establecido el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, los Gobiernos europeos podrán en el futuro prorrogar su vigencia por un periodo adicional de seis meses «si persisten los graves trastornos económicos causados por el brote de covid-19».

Este fondo europeo contra el desempleo es una de las tres redes de seguridad pactadas por el Eurogrupo para responder en el corto plazo al impacto de la pandemia. Junto con los préstamos del fondo europeo de rescates (MEDE) y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para apoyar la liquidez del sector privado, esta respuesta alcanza los 540.000 millones de euros.

«SURE será una red de seguridad vital para proteger el empleo y los trabajadores porque asegurará que los Estados miembros tienen los medios necesarios para financiar medidas que combaten el paro y la pérdida de ingresos, así como otras relacionadas con la salud», destacó Zdravko Maric, ministro de Finanzas de Croacia, país que ostenta la Presidencia de turno de la UE hasta finales de junio.

La Comisión Europea, por su parte, celebró que este reglamento haya sido adoptado en un tiempo «récord» seis semanas después de que presentara su propuesta legislativa y pidió a los Gobiernos que presenten «lo antes posible» las garantías necesarias para su puesta en marcha.

Donde hay todavía «cuestiones por resolver», comentó Maric, es en la aprobación de la red de seguridad para empresas afectadas por la pandemia. Este instrumento pretende movilizar hasta 200.000 millones de euros para pymes a través de 25.000 millones en garantías concedidas por el BEI.

El vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, dijo que queda por decidir en qué medida el fondo se centrará en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, añadió que otro punto abierto es cómo afrontar «las pérdidas potenciales» que pueda generar el fondo paneuropeo.