El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha sido tajante al señalar que no existe «ninguna solución viable de futuro» para las instalaciones productivas del grupo automovilístico en Barcelona, descartando así la posibilidad de que la multinacional franco-japonesa dé marcha atrás a su decisión de cerrarlas a partir de diciembre.
Al mismo tiempo, ha señalado que las plantas que el grupo tiene en Ávila (430 empleados) y Cantabria (535 trabajadores) seguirán operando «hoy y mañana» bajo el paraguas de Nissan, ya que cuentan con proyectos industriales propios «ajenos» a los de Barcelona.
En concreto, el cierre afectará a los centros que Nissan tiene en Barcelona –Zona Franca (furgonetas), Montcada i Reixac (ejes) y Sant Andreu de la Barca (suspensiones y bastidores)–, así como a los centros de I+D, recambios, distribución y compras, también en la Zona Franca. En total, estas áreas suman unos 3.000 trabajadores.
Quedarán al margen del periodo de consultas que ahora se abrirá con sindicatos: Ávila (piezas de recambio para la alianza Renault-Nissan), Cantabria (fundición) y la unidad de Márketing y Ventas, ubicada en Barcelona y encargada comercial de la marca en la Península, según ha indicado Frank Torres, quien fuera máximo responsable de Nissan España y elegido por la marca para capitanear las negociaciones.
Exceso de capacidad de producción
En rueda de prensa virtual, De Ficchy ha atribuido la decisión de cerrar Barcelona al exceso de capacidad de producción del grupo por la caída del mercado de furgonetas, ante las medidas de movilidad adoptadas en muchas ciudades, así como a que Mercedes optase por dejar de producir la Clase-X en la planta de Nissan en mayo de este año.
Ha comentado que estaba previsto que Mercedes fabricara en Barcelona este pick-up, que suponía el 57% de la actual carga de trabajo de la planta, hasta finales de 2027, a lo que ha añadido que en los últimos meses la fábrica trabajaba ya a un 20% de su capacidad.
«Estaba previsto que este nivel de utilización se redujera aún más y, en las actuales circunstancias de mercado, la adjudicación de un nuevo modelo no sería suficiente para hacer rentable y sostenible la fábrica de Barcelona», ha manifestado Ficchy, quien ha agradecido el apoyo recibido desde el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya para intentar buscar una solución para la planta barcelonesa.
No obstante, ha sostenido que ni siquiera las ayudas que estaban dispuestas a poner sobre las mesa ambas administraciones permitirían dar un futuro viable a la fábrica.
«Es una situación francamente difícil. Hemos analizado exhaustivamente y numerosas veces todas las opciones (...). Por desgracia, pese a las ayudas, se ha llegado a la conclusión de que no hay ninguna solución viable de futuro», ha lamentado Ficchy, que no ha cuantificado el coste que tendrá el cierre de la planta y que el secretario de Industria del Gobierno español, Raúl Blanco, ha cifrado en más de 1.000 millones de euros.
Contacto entre Torra y Sánchez
Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha avanzado que hará «todo lo que esté en sus manos» para evitar el cierre de las plantas catalanas de Nissan, y ha apelado al Gobierno de Pedro Sánchez a la unidad institucional para intentar «revertir» esta decisión.
En una rueda de prensa telemática junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y los consellers Àngels Chacón (Empresa) y Chakir El Homrani (Trabajo), Torra ha querido transmitir el mensaje de que no da la decisión por «definitiva» y que hará lo posible por evitar que se consume.
Torra ha informado de que ha hablado este jueves con Pedro Sánchez para activar «todos los mecanismos» necesarios y ha avanzado que los departamentos de la Generalitat implicados en esta crisis industrial se coordinarán con los diferentes ministerios para «actuar de manera decidida» ante el «grave problema que se nos presenta».
Mientras, el Ministerio de Industria sostiene que la continuidad de la planta de Barcelona es posible mediante el plan de viabilidad presentado hace unos meses a la presidencia de Nissan Motor, que fue elaborado de manera conjunta por el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio Zona Franca.