El pasado 12 de mayo numerosas organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las personas presas presentaron un ‘Documento de propuestas para la desescalada’ al que ahora han dado continuidad con una petición concreta al Gobierno español, registrada ante Instituciones Penitenciarias. En el marco condicionado por la pandemia, pero yendo más allá en el tiempo, solicitan entre otras cosas que «todas las personas presas sean destinadas a un centro penitenciario que esté en la misma región sanitaria o provincia de su lugar de arraigo».

«Esta ha de ser una medida que se mantenga a futuro», añaden recordando que el marco legal la ampara y apuntando que «en este sentido se ha pronunciado ya el Gobierno Vasco, quien ha solicitado de manera oficial a Instituciones Penitenciarias que prepare un plan de acercamiento a las cárceles más cercanas al entorno familiar de cada persona presa», según se ha sabido esta misma semana.

Entre los firmantes de esta solicitud conjunta figuran Etxerat, Sare, Altsasu Gurasoak, Salhaketa o Pastoral Penitenciaria de Navarra, por lo que se refiere a Euskal Herria, además de otra veintena larga de organizaciones de diferentes puntos del Estado español.

En otro de los ocho puntos que incluye esta posición conjunta se reclama que las excepcionalidades creadas por la pandemia suponga «una menor afectación en los derechos de las personas presas de cara a la concesión y disfrute de permisos de salida, flexibilizar y reducir los periodos de cuarentena, comunicaciones con familiares y personas allegadas, terceros grados...». El alejamiento que sufren más de 200 presos vascos ha contribuido a que en los dos últimos meses y medio se hayan perdido muchas de estas posibilidades.

El preámbulo del texto se hace eco de que este es un criterio compartido en el ámbito internacional, como muestra la declaración conjunta de la OMS, OACDH, UNAIDAS Y UNODC el 13 de mayo urgiendo a los gobiernos a reparar la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad respecto al covid-19.

«Medidas de compensación»

Además de los puntos referidos, el escrito conjunto de estas organizaciones vascas y del resto del Estado hace énfasis en la necesidad de reducción de la población penitenciaria o en la flexibilización de requisitos para la obtención de beneficios penitenciarios.

En este punto hay otro añadido interesante para los presos y presas vascas, puesto que se plantean «medidas de compensación por el tiempo que no han podido participar en actividades y programas de tratamiento». Para muchos presos inmersos en la batalla legal de EPPK estos dos meses y medio han sido un tiempo perdido por la imposibilidad de disfrutar permisos,  avanzar en opciones de progresión de grado...