En un alarde de crueldad, Ciudadanos ha reprochado esta tarde en el Congreso al ministro del Interior español que no se impidiera una visita familiar al preso vizcaino Iñigo Gutiérrez, cuyo padre acababa de fallecer.

Su interpelación tenía como raíz una campaña mediática en la que se situaba este hecho como excepcional, pese a lo comprensible de la situación humana, al perjuicio añadido que sufre el preso por estar alejado por decisión política y al encaje de esta visita en las excepciones a la restricción de circulaciones en el estado de alarma.

En su respuesta, Fernando Grande-Marlaska ha dicho que el motivo para no impedir la visita a Iñigo Gutiérrez tiene que ver con el «derecho penitenciario» aplicable para los 50.000 presos que hay en el Estado español. Ha hablado de «tratamiento igualitario» para todos ellos, aunque resulta evidente que el alejamiento impuesto a estos vascos supone una excepción y está  en el germen de este caso que se vuelve contra el ministro del Interior.

El exjuez ha sostenido que, sin estado de alarma, el preso de Algorta habría tenido un permiso extraordinario por este fallecimiento, pero que dada la pandemia «no era factible» y por ello no se pusieron trabas a que fueran sus familiares quienes se desplazaran hasta Valencia.

«Pago a EH Bildu»

La senadora de Cs Lorena Roldán ha intentado presentar la visita al preso vizcaino como un «pago» por la abstención de EH Bildu ante el estado de alarma.

«No tenga la desfachatez de justificar sus vergüenzas utilizando a las víctimas del terrorismo», ha señalado Lorena Roldán, que ha cambiado una pregunta genérica sobre la situación de los presos durante la pandemia de coronavirus para hablar de este caso concreto de Iñigo Gutiérrez.