La Guardia Civil ha puesto el foco en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al insinuar en un nuevo informe a la jueza del 8M que esta institución no ha aportado toda la información que dispone, de manera que «podrían faltar documentos» claves para la investigación.

Esta es una de las conclusiones de un segundo informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, para ampliar el primer informe y subsanar «errores» flagrantes como que el situaba la declaración de pandemia por la OMS el 30 de enero y no el 11 de marzo, tres días después del 8M.

En el informe, que consta de 200 páginas, no solo se incluye un «off the record» de la ministra de Igualdad Irene Montero, sobre el que ya ha informado NAIZ. En otro pasaje, los investigadores afirman sospechar que el CCAES no ha aportado toda la información que dispone sobre la pandemia con anterioridad al 8M, como así lo requirió la Policía Judicial en un oficio dirigido a su director Fernando Simón el 16 de abril.

Dice que «a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos en relación con dicha información».

Los agentes dicen llegar a esta conclusión al observar que en el canal de comunicación con el Centro existen «direcciones de correo adicionales» asociadas al CCAES y «distintas a las dos facilitadas», entre ellas la del propio director Fernando Simón, «de la que no ofrecen información alguna».

En el anterior informe, la Guardia Civil ya acusaba al delegado del Gobierno español en Madrid, José Luis Franco, de ocultar información. Y ha logrado con ello su citación como imputado por la jueza del 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, muy vinculada a la Guardia Civil. Rodríguez-Medel había descartado hasta ahora citar a Simón, pero el instituto armado vuelve a la carga contra él.

Este nuevo alegato policial no ha tardado en filtrarse, como el anterior. Y puede interpretarse como un órdago después del envido lanzado con el primero y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, zanjó con el cese de Diego Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia de Tres Cantos.

El interés de la jueza, en evidencia

Añaden que los guardias civiles autores que «no se observa ninguna información por parte del Centro de que esos sean todos los correos efectuados en el marco de la crisis sanitaria (...) ni tampoco el número total de cuentas de correos existentes» desde las que se pudiera efectuar comunicaciones, «hecho que despejaría toda duda de la totalidad de la información aportada».

Para la Guardia Civil, «esto arroja una sensación de incertidumbre» y de «imprecisión» ya que deja abierta la posibilidad de identificar posteriormente documentación adicional de interés.

Al margen de estas insinuaciones, los investigadores llaman la atención sobre retrasos de Simón para entregar la información solicitada, desde que se le remite el oficio el 16 de abril directamente el Ministerio de Sanidad. Y señala que finalmente la jueza hizo personarse a los agentes en las instalaciones del CCAES para reclamársela en persona, lo que alimenta las sospechas sobre el gran interés de Rodríguez-Medel en esta investigación.

Contra Franco

Además, la Guardia Civil aumenta la imputación contra el delegado Franco, asegurando que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de los peligros ligados al covid-19 «desde mediados de febrero».

Asume, por otro lado, los errores flagrantes en el primer informe de 80 páginas, pero señalando que no cambian la realidad de fondo de los hechos: en su opinión, que las autoridades contribuyeron a la expansión del virus permitiendo el 8M a sabiendas de que era muy peligroso.