La embestida conjunta del Juzgado 51 de Madrid y la Guardia Civil contra el Gobierno y su equipo técnico por el 8M ha recordado inmediatamente a muchos el intento de manipulación política de otra tragedia: la matanza del 11M de 2004. Algunos menos habrán encontrado paralelismo con otro episodio: el llamado «caso Faisán» en que la Audiencia Nacional acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de dar un «chivatazo» a ETA en 2006, en pleno proceso de negociación entre ambas partes.

Sirvan esos dos ejemplos para recordar que la utilización de los tribunales españoles para dirimir batallas políticas en el Estado tiene una amplia historia, que se repite ahora. Si acaso, la novedad desde el lunes estriba en que el primer Ejecutivo de coalición parece revolverse contra ella con sus propias bazas, que no son pocas. Tras los titubeos iniciales, con un cese inevible del jefe de la Comandancia de Tres Cantos pero al que se intentó dar perfil bajo, el arranque de la semana ha traído hasta cuatro decisiones concatenadas que apuntan a que quizás Pedro Sánchez sí piense dar el pulso que no quiso o no pudo mantener José Luis Rodríguez Zapatero hace década y media.

Dos son contraataques lanzados a ese Juzgado 51 dirigido con tricornio: por la mañana la Fiscalía urgió a cerrar el caso (algo que ha rechazado la jueza) y por la tarde la Abogacía del Estado dio un paso más al acusar a Carmen Rodríguez-Medel de no buscar indicios sino intentar fabricarlos, prevaricación en toda regla. Un dardo leve va dirigido a la sensible causa catalana, con el cambio de calificación al mayor de los Mossos Josep-Lluís Trapero que abre la puerta a dejar la pena en «desobediencia», sin cárcel. Y el cuarto, bombazo, suena a aviso a navegantes, aunque pensar que se vaya a llevar a efecto siga siendo aventurado: la Fiscalía del Supremo entra en la cuestión de las corruptelas de la Casa Real, palabras mayores.

La batalla política en torno a la cuestión de la pandemia solo acaba de empezar y el fuego va a ser aquí totalmente cruzado. La dimensión de la campaña de las derechas queda patente en la colocación en la diana de un personaje tan popular como el portavoz en la crisis sanitaria, Fernando Simón, una decisión que parece de alto riesgo para sus impulsores aunque en el Estado español ciertamente sea fácil pasar rápido de héroe a villano. Todo empieza por tener a mano un tribunal partidario, y el de Rodríguez Medel –cuyo curriculum familiar y político ya se han detallado en estas páginas y en NAIZ – lo es mucho.

Sin embargo, es precisamente en Madrid donde las derechas tienen en el ojo la viga que no quieren ver: si la gestión global de la pandemia por el Gobierno Sánchez pudo pecar de imprudente o tardía, la de la Comunidad de Madrid en el caso de las residencias de tercera edad ya ha sido señalada por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como «un crimen». Y en este caso no se trata –como dice Rodríguez Medel sobre Simón o el delegado José Luis Franco– de que no aparezcan llamadas telefónicas o documentos sobre el 8M, sino que las órdenes para no evacuar al hospital a ancianos infectados se pusieron por escrito. Terrible pero cierto.

Según publicó ayer ‘El País’ se conocen hasta cuatro correos electrónicos (entre el 18 y el 25 de marzo, los días críticos para la sanidad madrileña) en que la Consejería de Salud remite esta directriz a las 475 residencias de la comunidad. Los emails pasaron por Políticas Sociales, cartera gestionada por Ciudadanos y no por el PP, que lo ha delatado a sabiendas de que aquello no solo era moralmente inaceptable, sino además delito, cuando menos «denegación de auxilio».

El asunto está también en los tribunales, lógicamente. El Gobierno español no parece plantearse una acusación directa, pero sí está invitando a los familiares de los residentes fallecidos a denunciar. Puestas las dos cosas en una misma balanza, parece difícil que en la misma ciudad un tribunal pueda acabar condenando a Simón y no al consejero Escudero o la presidenta Díaz Ayuso, pero en la Justicia española todo suele acabar dependiendo de quién juega más duro, más sucio.

Y aquí el Ejecutivo Sánchez tiene un par de ases en la manga:&punctSpace;Fernando Grande-Marlaska y Dolores Delgado. El intento de golpe judicial de las derechas se topa ahora con dos alumnos aventajados: el ministro del Interior y la fiscal general del Estado, dos de los suyos muchos años en la Audiencia Nacional.

Volvamos por un momento al antecedente de 2006, cuando la Judicatura española contribuyó a hacer descarrilar el proceso de resolución. Grande-Marlaska no solo fue el juez que puso la lupa sobre aquel asunto del Faisán en contra del Gobierno del PSOE, sino el que se ensañó sobre todo con quienes desde la izquierda abertzale porfiaban por una solución al conflicto: su primera decisión tras el alto el fuego de marzo de 2006 fue encarcelar a Arnaldo Otegi y en ese periodo prohibió desde movilizaciones a una rueda de prensa en Iruñea en la que irrumpió la Policía. De la tortura y su papel ya se ha dicho casi todo. Ni para el PNV tuvo tregua: Urkullu estaba en la plana mayor jelkide que acompañó a Gorka Agirre ante él, acusado por el «impuesto revolucionario», en las mismas fechas.

La fiscal general del Estado, y antes ministra de Justicia, también es cuña de la misma madera. Con 25 años de trayectoria en la Audiencia Nacional (1993-2018), gran parte de ellos en simbiosis con Baltasar Garzón, rehacer su curriculum vasco sería demasiado largo. Para reflejar su conexión con esas cloacas puede ser mejor recordar el episodio de su amistosa conversación con el comisario José Manuel Villarejo en 2009, en la que entre otras cosas Delgado hacía una alusión homófoba a Marlaska de la que ambos ministros pasaron página sin problemas.

Esa grabación puso a Delgado en aprietos poco después de llegar al Ministerio de Justicia. Las tornas parecen haber cambiado sustancialmente casi dos años después, con el Gobierno Sánchez ya más asentado. El presidente español acaba de ligar a este grupo de la Guardia Civil de Tres Cantos con la «policía patriótica» del PP en la que se destacaba Villarejo. Y Delgado es quien lidera claramente este paso adelante del lunes. Pero, puestos a desconfiar, nunca hay que olvidar que todo va en bucle en esa madeja: en aquella comida entre el comisario, Delgado y Garzón se celebraba precisamente que Zapatero había condecorado a Villarejo, y Grande-Marlaska no habría tenido que cesar ahora a Pérez de los Cobos si lo hubiera relevado nada más llegar al Ministerio.

La última pieza de este puzzle merece ser mirada con atención. Aunque aquí haya todavía más motivos para desconfiar por la enorme sensibilidad del asunto para el Régimen del 78, ayer se supo que el fiscal elegido para seguir el caso de la millonaria comisión saudí a Juan Carlos de Borbón hallada en Suiza es muy próximo a Delgado: Juan Ignacio Campos, experto en delitos económicos y fundador de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que perteneció la hoy fiscal general.

¿Entra esta maniobra dentro de la respuesta del Gobierno al envite judicial de la derecha? El tiempo dirá si la Fiscalía ha dado el paso para investigar realmente al Rey emérito o busca más bien controlar una investigación que en realidad se está llevando a cabo en otro Estado.

Si lo que pretendía el Ejecutivo era una demostración de fuerzas ante la derecha, más monárquica por naturaleza aunque igual de «juancarlista» que el PSOE en su historia, lo cierto es que desde el otro lado no hay acuse de recibo. Nadie salió ayer a defender al padre del actual inquilino de La Zarzuela, ni siquiera ‘Abc’. Habrá que ver si mantiene el silencio en la medida en que la investigación pueda avanzar; lo cierto es que el Gobierno va de mano en este flanco de la batalla.