![Familiares de víctimas de la covid-19, miembros del colectivo «Noi Denunceremo», frente a la Fiscalía de Bérgamo. (Miguel MEDINA / AFP PHOTO)](/media/asset_publics/resources/000/710/657/article_main_landscape/Bergamo.jpg)
La Fiscalía de la ciudad lombarda de Bérgamo, epicentro de la pandemia de coronavirus en Italia, interrogará a miembros del Gobierno del país transalpino, entre ellos el primer ministro, Giuseppe Conte, en el marco de su investigación sobre la gestión de la pandemia.
Los fiscales convocarán como «personas informadas», es decir, sin atribuirles delito alguno, al primer ministro italiano, Giusseppe Conte; a la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, o al titular de Sanidad, Roberto Speranza, según han avanzado los medios locales del norte de Italia.
El propio Conte ha explicado que declarará el próximo viernes y que lo hará con «plena serenidad» y «sin arrogancia» para aclarar sus decisiones en esos difíciles momentos, ha afirmado ante la prensa a las puertas del romano Palacio Chigi, sede de la Presidencia del Gobierno.
«Lo que tenga que decir al fiscal, lo haré ante él, no puedo adelantarlo. Declararé debidamente sobre todos los hechos en mi conocimiento. No estoy para nada preocupado», ha defendido.
Dicha investigación trata de aclarar la cadena de decisiones que se adoptaron y que llevaron a no declarar como «zona roja» Alzano y Nembro, dos localidades muy golpeadas por la pandemia. Los fiscales ya han hablado con el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, así como su asesor en esta crisis, Giulio Gallera, según el diario ‘Il Corriere della Sera’.
El pasado 21 de febrero, se confirmó el primer caso de contagio de coronavirus en el municipio lombardo de Codogno y al día siguiente del estallido de la crisis el Gobierno decretó el aislamiento de once focos, diez localidades de Lombardía y una del Véneto (norte).
Pero entre estos diez pueblos lombardos no estaban precisamente ni Nembro ni Alzano.
Además de querer hablar con Conte y los dos ministros, con quienes analizarán las decisiones tomadas a finales de febrero y la adoptada el 7 de marzo de cerrar toda Lombardía ante la rápida propagación del coronavirus, quieren tomar declaración al director del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, y a Walter Ricciardi, asesor del Gobierno. Los interrogatorios podrían comenzar este mismo miércoles por la tarde, de acuerdo con el citado medio.
Durante sus declaraciones, Fontana y Gallera defendieron que la decisión fue del Gobierno central, algo en lo que coincidió la fiscal adjunta de Bérgamo, Maria Cristina Rota, quien dijo que instaurar una zona roja era competencia de Roma.
Estos testimonios engrosarán la investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha infectado a más de 235.500 personas en Italia, de las que unas 34.000 han perdido la vida, además de bloquear el país durante casi dos meses y medio, sobre todo su industrializado norte, en especial Lombardía, Piamonte, Véneto y Emilia-Romaña.
Denuncias de familiares de las víctimas
Por otro lado, familiares de víctimas de la covid-19 han presentado este miércoles denuncias particulares ante la Fiscalía de Bérgamo. Todas ellas son miembros de la asociación «Noi Denunceremo» –Denunciaremos– creada en Facebook durante la pandemia.
En declaraciones delante de la Fiscalía, su presidente y fundador, Luca Fusco, ha explicado que buscan «la verdad de lo ocurrido en Lombardía y no solo en Lombardía, para poder identificar a los responsables y tener justicia». Los familiares también quieren reunirse con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que visitará Bérgamo el próximo 28 de junio.
«Durante quince días viajamos, trabajamos mientras el virus circulaba. Estoy convencido de que si se hubiera cerrado rápidamente la zona roja de la provincia de Bérgamo quizá no habríamos tenido que cerrar toda Lombardía y probablemente habríamos evitado el confinamiento italiano», ha sostenido Fusco, según ha informado el diario ‘La Repubblica’.
«Nosotros no señalamos con el dedo a nadie, será la Fiscalía la que tendrá que depurar responsabilidades», ha agregado.
Los denunciantes sospechan que detrás de la decisión de no aislar inmediatamente estos dos municipios están los intereses económicos, ya que se trata de un área con una gran concentración empresarial en pleno motor económico de Italia, la región de la Lombardía.
Con todo, el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), uno de los que forman la coalición de Gobierno, ha descartado que las empresas de la zona hubieran podido hacer un efecto «lobby» o presionar al Ejecutivo para seguir operando.
Pero al mismo tiempo ha reconocido que en aquellos primeros días de la crisis las empresas de estos dos pequeños municipios temieron ser encerradas en la zona roja mientras el resto del país seguía operando.
En los primeros días de la crisis el propio Gori, como otros líderes políticos, se sumó a una campaña para llamar a los ciudadanos a hacer vida normal y seguir trabajando, animada según dijo por la patronal italiana Confindustria.
En un encuentro telemático el martes con la prensa extranjera el alcalde de Bérgamo aseguraba que se arrepentía de participar en esa iniciativa pero refirió que en esos primeros días nada permitía presagiar la tragedia.
Mientras, sus convecinos han ido narrando historias coincidentes en cuanto a la cronología de unos trágicos sucesos. «Todos somos de la zona de Bérgamo y todos tenemos historias similares, historias de tragedias familiares, y todos estamos buscando respuestas claras y serias de los fiscales», ha señalado por su parte Cristina Longhini, una de las demandantes.
De hecho, las denuncias no están dirigidas contra ninguna persona o institución en concreto, si bien los familiares están convencidos de que muchas personas murieron por la negligencia e incompetencia de las autoridades. Muchos de ellos de hecho alegan el hecho de que no se sellaran las localidades de Alzano Lombardo y Nembro, dos importantes focos en los alrededores de Bérgamo, a principios de marzo.
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