Las asociaciones de vecinos Alokairu de Benta Berri e Inquilinos de Azora y Stop Desahucios, junto a sindicatos como CCOO y representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos de las Juntas Generales de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donostia se han concentrado este jueves para denunciar un desahucio fijado para el 9 de setiembre de una vivienda de VPO en Benta Berri.

Se trata de Victoria Noriega, una mujer de jubilada de 63 años perceptora de «una modesta pensión» que complementa con la RGI y una ayuda municipal, y residente desde 1998 en un piso de Benta Berri propiedad del fondo Testa Socimi-Blackstone, dueño de 510 VPO en ese barrio donostiarra.

Según ha informado Rosa García, portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa, el fondo propietario interpuso una demanda por impago de cuatro mensualidades, de 800 euros cada una, en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Donostia. El caso quedó paralizado con la pandemia del covid-19 y el cierre de los juzgados, pero ahora que se están volviendo a abrir, el juzgado ha reactivado el caso y ha fijado el juicio oral para el próximo día 16 y el desalojo para el 9 de setiembre.

La plataforma antidesahucios ha pedido a los fondos Testa Socimi y Blackstone que retiren la demanda y que reubiquen a Victoria en otro piso más pequeño, «que sí podría pagar». Sin embargo, la plataforma ha lamentado que los fondos se hayan negado, «pese a tener en Benta Berri dos apartamentos vacíos».

Control institucional

Han «informado por escrito» de la situación al propietario, al alcalde de Donostia y al responsable de la Delegación Territorial de Vivienda del Gobierno de Lakua, institución esta última a la que exigen que «controle las listas y las adjudicaciones de las viviendas de VPO en alquiler» y, en último término, que «garantice el carácter público de las promociones que hace».

«El suelo de esos pisos sigue siendo propiedad del Ejecutivo autonómico, ha advertido García, quien ha indicado que los promotores «obtuvieron importantes beneficios y exenciones fiscales» en la construcción y «han sacado pingües ingresos» con los alquileres «desde su adjudicación en 1998».

Con esta movilización y después de tres meses sin salir a la calle por el coronavirus, ha explicado García, la plataforma ha retomado «la lucha ciudadana contra los fondos buitre» que, en su afán «especulador y depredador», no atienden las demandas de sus inquilinos vulnerables que no pueden pagar las rentas.