La atribución de la creación de los GAL a Felipe González, presidente en aquel tiempo del Gobierno español y secretario general del PSOE, no hace sino constatar lo que es una convicción política generalizada en este país y también al sur del Ebro. Pero ver por escrito que esa misma convicción la tenía la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA) ofrece la oportunidad de recordar todos aquellos atentados, exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas –que no la han tenido–, y demandar también que cada cual asuma sus responsabilidades. Tienen razón quienes destacan que la CIA no es un agente neutral en ningún conflicto y que sus informes pueden verse alterados por parcialidad, pero en este caso esa parcialidad sería favorable a Felipe González, por lo que nos encontraríamos ante unos documentos con una versión adecuada a los intereses del Estado español.

Cuando en este país se debate sobre determinados «suelos éticos», y concretamente cuando se hace en el Parlamento de Gasteiz, desde las filas del PSE suele argumentarse que «nosotros condenamos todos los terrorismos, también los GAL»; al igual que nunca tienen empacho en afirmar que también «condenan» las torturas. Pero esos ejercicios de condena se hacen como si los atentados de los GAL fueran algo exterior a ellos y como si las denuncias de torturas no se hubieran producido mientras José Barrionuevo, José Luis Corcuera o Rodolfo Ares, por poner unos ejemplos, tenían responsabilidades en Interior.

Pero ahora, ante una acusación tan directa, el propio señalado o su partido deberían salir públicamente a desmentirlo de forma tajante, o a aceptar las responsabilidades de quienes también han conculcado derechos humanos.

Cabe recordar que, mientras los GAL secuestraban y mataban personas o cuando se encarceló a altos dirigentes del PSOE, la actitud del PSE fue condescendiente, por decirlo de una manera diplomática. En su libro “El País que yo quiero”, publicado en 1994 en plena campaña electoral autonómica, Ramón Jáuregui repasaba, entre otras cosas, su tiempo como delegado del Gobierno español en la CAV, «…jefe político de las Fuerzas de Seguridad del Estado» en este territorio. Sobre los GAL destacó que «por encima de las valoraciones morales o éticas, no podemos ignorar las consecuencias prácticas operativas de la irrupción del GAL en el escenario de los terroristas, que ahora no pueden sentirse seguros donde antes lo estaban. Alguien les está pagando con su misma moneda». Jáuregui dejó la Delegación para pasar a ser vicelehendakari de José Antonio Ardanza.

Tras aquellas elecciones, el 3 de marzo de 1995, se debatió en la Cámara autonómica, a iniciativa de Ezker Batua, la creación de una comisión de investigación sobre los GAL, algunas de cuyas principales cabezas empezaban a tener problemas judiciales. En aquella ocasión, el portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz pidió que no se presumiera la responsabilidad penal de Julián Sancristóbal o Rafael Vera. «Nosotros, los socialistas –afirmó Fernando Buesa–, creemos en la inocencia de estas personas, y somos además solidarios con ellas y con la dedicación que tuvieron en la lucha por erradicar la violencia terrorista en nuestro país».

Los jueces establecieron que esas personas, al igual que José Barrionuevo y otros, eran culpables, pero fueron posteriormente indultados. Entonces el PSE tuvo la posibilidad de aceptar sus responsabilidades y no lo hizo. Ahora, tiene otra puerta abierta para ello. No para hacer una condena hipócrita, sino para presentarse como copartícipe del daño causado por los GAL, un daño que, pese al tiempo pasado, sus víctimas insisten en que no ha sido reparado y sobre el que tampoco han tenido ni verdad ni justicia.

De momento, durante el día de ayer, solo se escuchó un clamoroso silencio que, por cierto, no fue solo del PSE, sino también de otros con los que han gobernado desde los 80.