En plena pandemia y presionado por el malestar creciente en los distintos estamentos sanitarios –que viene de bastante más atrás, como se plasmó el martes en las calles de Baiona y de muchas ciudades del Hexágono–, el Gobierno francés lanzó el 26 de mayo un proceso de concertación bautizado «Ségur de la santé», un juego de palabras que aprovecha el parecido fonético entre «la Sécu» (que es como se nombra habitualmente a la Seguridad Social) y la dirección de la sede del Ministerio de Sanidad (Ministère de la Santé, avenue de Ségur).

En este contexto, ayer presentó su plan la Federación Nacional de la Mutualidad Francesa (FNFM), que representa a 540 mutuas, a las que están adscritas una de cada dos ciudadanas y ciudadanos en el Estado; es decir, unos 35 millones de personas. Más conocida como «la Mutualité française», su peso en la toma de decisiones en el ámbito sanitario es muy relevante, o al menos así se entiende desde fuera.

«Un movimiento social»

En el sistema sanitario francés es habitual que, además de las aportaciones obligatorias a la Seguridad Social, la gente cotice en una mutua para aumentar la cobertura de los gastos que le puede suponer desde una sencilla consulta de Atención Primaria hasta un ingreso hospitalario.

Pero garantizar ese reembolso solamente es una de las funciones de estas mutuas, que también gestionan centros hospitalarios, servicios destinados a la infancia –incluyendo guarderías–, a personas mayores o dependientes, clínicas dentales...

Lógicamente, después de la Seguridad Social, la federación de mutuas es la primera fuente de financiación de los gastos de salud. Son asociaciones sin ánimo de lucro –no reparten dividendos y todos beneficios tienen que ser invertidos «en favor de sus afiliados»– y, en su conjunto, se definen también como «un movimiento social y democrático, comprometido a proporcionar acceso a la atención médica al mayor número de personas».

La Mutualidad tiene asiento propio en organismos institucionales como el Consejo Superior de Economía Social y Solidaria (Csess) y el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE).

Con estas credenciales, no es de extrañar que sus propuestas sean analizadas con mucha atención por el resto de agentes implicados en la concertación, más cuando incluyen cambios radicales en el sistema asistencial, como «poner fin al ejercicio aislado de los profesionales sanitarios en el horizonte de cinco años», «reinventar el modelo de Ehpad (las residencias para personas mayores dependientes) o «transferir a las regiones la competencia en materia de prevención».

El primero de esos puntos busca suprimir una de las peculiaridades del sistema de atención primaria francés: de forma resumida, el que permite montar una consulta de medicina o enfermería de forma individual, como un gabinete privado en el que a veces se reúnen varios especialistas, y buscar clientela como si se tratara de un negocio más.

«Balcanización» médica

La Mutualidad considera que «la fragmentación de la oferta de cuidados de atención primaria y la dificultad de compartir la información médica han quedado constatadas durante demasiado tiempo». A lo que se añade «una orientación complicada para los pacientes» dentro del recorrido sanitario que lleva a que «un buen número de franceses» opte por el hospital «por elección o por defecto». «Un efecto que se ha visto acentuado durante esta crisis sanitaria», comenta.

«Con el fin de conciliar las necesidades de los pacientes con las aspiraciones de los profesionales, la oferta de atención debe iniciar un cambio profundo para abandonar progresivamente el ejercicio aislado de los profesionales de Atención Primaria y permitir que el sector hospitalario vuelva a centrarse en sus misiones», subraya en su documento.

Para lograr ese objetivo, preconiza una «reducción sensible de la remuneración» de los profesionales «aislados», empujándoles a que ejerzan de forma más eficiente y así «permitan al sector hospitalario volver a centrarse en sus funciones».

Al justificar esta idea, el presidente de la Mutualidad, Thierry Beaudet, indicó que, si bien el mandatario francés, Emmanuel Macron, ya hizo un planteamiento similar hace dos años, «no ha cambiado gran cosa» ya que «hubo incentivos que no tuvieron los efectos esperados».

Y añadió una grave acusación al sistema: «Hemos hecho frente a la pandemia con la mitad de nuestros recursos, (porque) la balcanización de los profesionales ha hecho que no hayamos podido movilizarlos».