El Tribunal Europeo de Cuentas ha hecho público un informe sobre ocho «infraestructuras emblemáticas de transporte» (IET), entre ellas la «Y vasca y su conexión con Francia: Enlace ferroviario de alta velocidad que conecta Vitoria (España) con Burdeos (Francia) (en el corredor atlántico)», en el que recoge en 100 páginas todo un catálogo de deficiencias, que incluyen sobrecostes de hasta el 54,7% con respecto a la previsión inicial, retrasos con repercusión en la seguridad y la reducción de la emisión de carbono, «previsiones de tráfico demasiado optimistas», «análisis de coste y beneficio mal hecho», falta de participación y no realización de «un análisis crítico de la sostenibilidad a largo plazo».

Sobrecoste

El informe del Tribunal Europeo de Cuentas recoge que la estimación inicial del coste de la «Y vasca» fue de 4.675 millones de euros «en valores de 2019». La «última aproximación» al precio final es de 6.500 millones de euros. Esto supone un incremento de los costes de 1.825 millones, con lo que el sobrecoste recogido es del 39%.

Sin embargo, la obra no se diseñó en 2019 y según los planes iniciales debía estar acabada en 2010. El gasto anunciado al comienzo fue de 4.200 millones de euros, por lo que su encarecimiento es ya del 54,7%.

La UE ha pagado el 1,5%

Uno de los mitos que se cierne sobre las obras del TAV es que «lo paga Europa». Sin embargo, se trata de una infraestructura «cofinanciada» –de ahí el informe del Tribunal Europeo de Cuentas– por la Unión Europea, pero por ahora en una cantidad todavía ínfima.

El documento recoge que de los 6.500 millones de coste previstos, en el momento de su redacción la Unión Europea había «asignado» una ayuda de 576 millones, pero solo había pagado 98. Un 1,5% de lo previsto.

Retrasos y menor seguridad

El informe recuerda que la fecha de inicio de las obras de la «Y vasca» estaba prevista, según sus datos, para 2006 y que, efectivamente, se arrancó en ese mismo año. Sin embargo, la idea era tener acabada la infraestructura para 2010 y ahora se anuncia que no será en ningún caso antes de 2023. El plazo de ejecución ha pasado de 4 a 17 años.

El informe habla de que este retraso «tiene gran repercusión en la seguridad y supone un riesgo para la eficiencia de la cofinanciación de la UE».

La «Y vasca», isla sin salida

Otro de los problemas que detecta el Tribunal de Cuentas es que durante años la «Y vasca» va a ser una isla sin salida ni hacia el sur ni hacia el norte. Señala que «el tramo Burgos-Vitoria todavía está en fase de estudio» y que «probablemente no estará terminada en 2030».

Pero más grave es que hacia el norte la «planificación en la parte francesa («Grand Projet du Sud-Ouest») no se iniciará antes de 2037». Por ello, concluye que «la entrada en funcionamiento de la Y vasca a plena capacidad se retrasará al menos 29 años».

Esto supone, además, que «durante al menos otros veinte años, el transporte de mercancías con origen y destino en la península ibérica seguirá realizándose en gran medida por vía marítima o terrestre por carretera». Advierte de que esto «quizás impida la reducción de las emisiones de carbono».

Coste beneficio «mal hecho»

El Tribunal sostiene que en las infraestructuras auditadas «los análisis de costes y beneficios no se utilizaron adecuadamente como herramienta para la toma de decisiones».

Tampoco se ha hecho desde la Comisión «un análisis crítico de la sostenibilidad a largo plazo y de los costes». A esto se añade que «existe el riesgo de que las previsiones de tráfico sean demasiado optimistas y no estén debidamente coordinadas».