![Aitor Esteban durante su intervención. (NAIZ)](/media/asset_publics/resources/000/714/197/article_main_landscape/Esteban.jpeg)
El Congreso ha aprobado esta tarde la toma en consideración de una proposición de ley que tiene por objeto modificar la Ley de Secretos Oficiales, todo ello tras la revelación del informe de la CIA que atribuye a Felipe González la creación de los GAL. Una norma que, tal como ha recordado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue aprobada en 1968 y lleva la firma del dictador Francisco Franco.
El portavoz jeltzale ha defendido ante el pleno del Congreso una modificación que incorpora la obligación de que «en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años», tal como indica la exposición de motivos.
Además, atribuye al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación, y suprime la referencia a la naturaleza, secreta o no, de las sesiones en que el Congreso, o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, «al ser esta una cuestión que solo compete a los respectivos Reglamentos de estas Cámaras legislativas, tal y como dispone el artículo 72 de la Constitución».
Esteban ha señalado que estos cambios buscan acabar con una «práctica abusiva y generalizada», empleada por los diferentes ministerios, de ocultar determinados documentos bajo el pretexto de «defender al Estado». «Si se pone al Estado como excusa es porque igual algunos no defienden al país sino a sus propios intereses», ha manifestado.
En la misma línea se ha pronunciado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha denunciado que solo se han desclasificado este tipo de documentos en «momentos puntuales y poco relevantes, siempre con una utilidad política finalista, con una lectura parcial de los papeles a desclasificar».
«¿Qué democracia necesita esconderse de los ciudadanos, qué democracia interpreta la defensa de los ciudadanos y ciudadanas como una obligación que les impide decirles a la verdad?», ha preguntado, y ha recordado que «una manera de mentir es no decir la verdad», en alusión al secretísimo impuesto por el Estado español en torno a los GAL y al 23F.
«Si no se aprueba esta iniciativa del PNV, propongo a quienes decidan no aprobarla que tengan la dignidad de cambiar el nombre de la ley, y que la llamen Ley de Aberraciones Inconfesables», ha añadido antes de recordar aquellas víctimas que a día de hoy siguen reclamando verdad, justicia y reparación.
Unos derechos que también han mencionado las representantes de PSOE y de Unidas Podemos, Andrea Fernández y Pilar Garrido, respectivamente, que han anunciado su apoyo a la tramitación de la proposición de ley. También se han sumado diputados de las formaciones soberanistas catalanas, que han cargado contra el oscurantismo que rodea a la monarquía española. «Es España el secreto es eterno», ha lamentado Carolina Telechea, de ERC.
Y hay quienes a día de hoy siguen empeñados en mantener ese secretismo. Miguel Ángel Jerez (PP) no ha explicitado el sentido del voto de su partido, y, pese a que ha compartido la necesidad de cambiar la ley vigente, ha rechazado que el paso del tiempo sea el único condicionante para levantar la confidencialidad de ciertos archivos.
Una idea compartida por Miguel Ángel Gutiérrez, que ha avanzado la abstención de Ciudadanos, y por Carlos Hugo Fernández-Roca, que ha tomado la palabra en representación de Vox para tratar de argumentar el voto en contra de su grupo. Ha hablado de «social-comunistas» y «separatistas» y ha advertido de que los «intereses de España son eternos y perpetuos».
La votación ha arrojado un resultado claro, dado que solo se ha posicionado en contra Vox y se han abstenido PP y Cs.
Otra cosa será qué desarrollo tiene ahora el proyecto, porque es la cuarta vez que el PNV lo impulsa y siempre ha quedado en un limbo por las reticencias de PSOE, PP o Cs a llevarlo a término.
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