La norma que extiende la obligatoriedad del uso de mascarilla en medios de transporte y espacios abiertos al público cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros ha sido convalidada en el Congreso con 265 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, Más País, PRC, UPN, Coalición Canaria, 77 votos en contra de Vox y los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y EH Bildu y 5 abstenciones, entre ellas la de Compromís.

Ahora se seguirá tramitando en la Cámara como proyecto de ley, de manera que los grupos podrán presentar sus enmiendas al texto. Así lo han decidido los diputados en una segunda votación tras la convalidación del texto.

Las expectativas que tiene el PP de cambiar el texto aprobado por el Gobierno español suscita recelos en el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, ya ha avisado de que votarán en contra del proyecto de ley si se introducen cambios que supongan para el PNV una «merma» de las competencias que el Estatuto reconoce al Ejecutivo de Lakua.

Esteban ha aconsejado al Gobierno de Pedro Sánchez que, si ve necesario fortalecer el Ministerio de Sanidad, empiece a reforzarlo mejorando su propia organización interna, dado que algunas competencias que debería tener este departamento están repartidas en otros ministerios, como es el caso de la política de atención a la dependencia (en la Vicepresidencia de Derechos Sociales), la Agencia de Seguridad Alimentaria en Consumo o el Instituto de Salud Carlos III, que depende de Ciencia.

Por motivos distintos, Junts y ERC han presentado su voto en contra como un castigo al mando único que supuso el estado de alarma y que, en su opinión, les arrebató competencias a las autonomías, mientras que EH Bildu lo ha justificado por el viraje que percibe en el Gobierno español al pactar este decreto con Ciudadanos y PP. «Así no», les ha avisado la portavoz de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado su abstención porque les habría gustado que el Gobierno negociara más con su partido y se ha quejado por las «forma» con las que el Ejecutivo se relaciona con partidos pequeños como el suyo.
 
Por UPN, Carlos García Adanero, ha alertado al Ejecutivo espñaol de que tiene «la credibilidad mermada» por su gestión de la epidemia.

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, encargado de defender el decreto, ha agradecido el apoyo de los grupos a un decreto que busca establecer medidas de prevención en esta nueva fase y dotarse de los instrumentos legales oportunos para garantizar una respuesta coordinada en todo el Estado frente a un virus que sigue al acecho.