El Gobierno de Portugal ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros el «deber general de recogimiento» para 19 áreas de la zona metropolitana de Lisboa que están especialmente afectadas por brotes de coronavirus, en un intento por parar las cadenas de transmisión.

La medida implica que los residentes de estas 19 áreas, todas ellas «freguesías» (un órgano administrativo por debajo de los ayuntamientos) contiguas de la margen norte lisboeta, solo podrán salir de casa para lo considerado esencial: trabajar, y comprar alimentos y medicamentos.

En total, se verán afectadas todas los distritos que componen el municipio de Amadora y de Odivelas, seis freguesías de Sintra, dos de Loures y, ya en la localidad de Lisboa, la freguesía de Santa Clara.

Pertenecen a los cinco municipios donde se concentran la mayoría de los brotes que afectan a la región de Lisboa, actualmente la más afectada del país por coronavirus, con un balance total de 17.767 casos desde que comenzó la pandemia.

Además, los grupos de personas que podrán juntarse en estas 19 áreas no podrán superar los cinco miembros.

Como medida intermedia, el resto del área metropolitana de Lisboa (salvo las 19 freguesías más afectadas) pasa a la fase de contingencia, que es una situación intermedia entre calamidad y alerta.

Esta decisión complementa las nuevas restricciones aplicadas en el área metropolitana de Lisboa desde el pasado martes, que incluyen la prohibición de reunión de más de 10 personas y el cierre de todos los comercios a partir de las 20.00, salvo gasolineras, clínicas, farmacias, funerarias o instalaciones deportivas. Los supermercados podrán cerrar a las 22.00.

Estas medidas tratan de paliar los diferentes brotes detectados en las últimas semanas en la región, que hoy concentra el 77,1 % de los nuevos casos registrados en las últimas horas, hasta 311 a nivel nacional.

El Consejo de Ministros también ha aprobado que el resto de Portugal pase al nivel inferior de estado alerta.

Para mantener el cumplimiento de las medidas de prevención, el Gobierno ha anunciado que aplicará sanciones de entre 100 y 500 euros para las personas que no cumplan las normas y de entre 1.000 a 5.000 euros para las empresas.