![El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés (izq.) y la consellera de Justicia, Ester Capella (der.), en la ermita de Sant Pere de Vallhonesta. (@JUSTICIACAT)](/media/asset_publics/resources/000/721/936/article_main_landscape/generalitatiglesia.jpg)
La Iglesia católica ha inscrito 3.722 inmuebles a su nombre en Catalunya, sin ningún título que acredite su propiedad, según ha revelado este jueves la Generalitat.
Es la primera administración del Estado español en hacer públicas las inmatriculaciones y ha creado un mapa interactivo para conocer todos los detalles, como la ubicación exacta, el tipo o la titularidad de la propiedad.
Estos datos constan en el conjunto de los registros de la propiedad de toda Catalunya, según inscripciones hechas entre los años 1946 y 2015, gran parte de ellas en Lleida (58%).
Se trata de las llamadas inmatriculaciones de fincas rústicas (41%) o construcciones dedicadas al culto en su mayoría (50%), como templos, ermitas, cementerios, capillas, conjuntos eclesiásticos y santuarios.
El resto de inscripciones son de edificios (9 %) como rectorías, garajes o palacios.
📢 La Generalitat revela que l’Església ha inscrit 3⃣.7⃣2⃣2⃣ finques al seu nom sense cap títol que n’acrediti la propietat.
— Justícia (@justiciacat) July 23, 2020
📋 Inscripcions fetes entre 1946 i 2015
🔝 Primera administració que en publica les immatriculacions
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Las comarcas leridanas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alt Urgell son las tres comarcas más afectadas de toda Catalunya por esta política de la Iglesia católica y los municipios con más inmatriculaciones son Pont de Suert (Lleida) y Olesa de Bonesvalls (Barcelona), con 82 cada uno.
Denuncia en Sant Pere de Vallhonesta
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, y la consellera de Justicia, Ester Capella, han dado a conocer hoy públicamente estos datos en una rueda de prensa celebrada en la finca donde se encuentra la ermita y la casa del Campaner de Sant Pere de Vallhonesta, en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).
La inmatriculación de este lugar por parte del Obispado de Vic (Barcelona) fue denunciada en 2018 por el sindicato agrario Unió de Pagesos, que alertó de estas actuaciones y de que las mismas podían causar «indefensión» a los agricultores afectados.
El Obispado de Vic aseguró en aquel momento que se había aportado documentación a la hora de instar la inmatriculación de ermitas, como visitas pastorales, consagraciones de iglesias antiguas o recibos de luz.
La ermita de Sant Pere de Vallhonesta ha sido restaurada y ocupada por un centro excursionista desde hace muchos años, como hoy ha recordado la alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, en el mismo acto, al que también ha asistido la delegada del Govern en la Catalunya central, Alba Camps, y el director de Derecho y de Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí.
Oficina de Mediación sobre inmatriculaciones
El Departamento de Justicia ha creado la Oficina de Mediación sobre inmatriculaciones, que es un servicio del Centro de Mediación de Catalunya, dirigido a la Iglesia y a las personas y entidades que reclamen la propiedad de los bienes inmatriculados sin título de propiedad.
Organizaciones como la citada Unió de Pagesos y la Asociación de Micropueblos de Catalunya han reclamado públicamente la titularidad de diversos bienes inmatriculados por la Iglesia en los últimos años en tierras catalanas.
La mayor parte de estos bienes son lugares de culto ubicados en propiedades privadas y solares rústicos así como equipamientos deportivos y plazas públicas alrededor de iglesias y rectorías.
Ley Hipotecaria de 1946
La inmatriculación es el registro de un bien inmueble por primera vez, y reconoce en el Registro de la Propiedad la titularidad de la iglesia sobre él, aunque esta no disponga de la documentación y las escrituras que lo acrediten.
En cambio, si el hasta entonces considerado legítimo propietario quiere recuperar la finca inmatriculada, debe acudir a los juzgados para demostrar documentalmente que el inmueble le pertenece.
El Departamento de Justicia promueve la constitución de un grupo de trabajo para identificar los supuestos que puedan exigir una actuación pública orientada a recuperar los bienes que hayan de ser disfrutados por el conjunto de la sociedad, para apoyar a los municipios que reclaman fincas o edificios inmatriculados.
Los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tienen su origen en la Ley Hipotecaria que se aprobó el año 1946, durante la dictadura de Franco, vigente hasta diciembre de 2015, y que establecía que la Iglesia, al igual que la administración, podía inmatricular una finca a pesar de no tener ningún título que acreditara la propiedad, según ha recordado hoy la Generalitat en un comunicado.
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