![Reparto de alimentos en una iglesia adventista de Nueva York. (Spencer PLATT/AFP)](/media/asset_publics/resources/000/721/868/article_main_landscape/NY.jpg)
La ONU propuso este jueves la introducción inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2.700 millones de personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza -más de un tercio de la población mundial- con el fin de frenar el avance del coronavirus.
La idea, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que esos recursos permitan a la población de los países en vías de desarrollo cumplir cuarentenas y medidas de distanciamiento social necesarias para contener una pandemia que no deja de avanzar.
En un informe, el PNUD calcula que costaría a partir de unos 199.000 millones de dólares al mes facilitar ese ingreso básico a 2.700 millones de personas en un total de 132 países, una cantidad abultada pero que considera asumible para los Estados ante la emergencia sanitaria y social que vive el mundo.
Medida sin precedentes
«Los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes. Introducir un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo ha surgido como una opción. Esto podría haber parecido imposible hace sólo unos meses», señaló el administrador de esta agencia, Achim Steiner.
El estudio apunta que varios países han optado ya por acciones en esta línea, entre ellos estados ricos como el español, que aprobó en junio un ingreso mínimo vital que beneficia a cientos de miles de familias, y otros con menos recursos como Togo, que ha puesto en marcha un programa de ayudas para un 12 % de su población.
Otros muchos países han decidido ampliar los beneficios que ofrecían ya sus sistemas de protección social, una medida que choca a menudo con el problema de que muchos de los ciudadanos en situación más vulnerable están al margen de esos sistemas, pues son por ejemplo trabajadores informales, no remunerados o inmigrantes en situación irregular.
La propuesta del PNUD son programas que cubran a toda la población con necesidades durante el tiempo que dure la crisis.
«Creemos que en este momento en la pandemia hay que juntar los aspectos socioeconómicos y sanitarios y que esta es una herramienta que puede ser útil para frenar la expansión del virus», explicó en una conferencia de prensa George Gray Molina, uno de los autores del informe.
Gray Molina subrayó que uno de los factores por los que la COVID-19 sigue ganando terreno es el hecho de que muchos trabajadores se ven obligados a continuar con sus actividades para poder sobrevivir y se exponen así al contagio de manera repetida.
«Los rescates y los planes de recuperación no pueden centrarse solo en grandes mercados y grandes negocios. Un ingreso básico temporal podría permitir a los Gobiernos dar a las personas en confinamiento un salvavidas financiero, inyectar dinero en las economías locales para ayudar a sobrevivir a los pequeños negocios y ralentizar la devastadora expansión de la covid-19», apuntó Steiner.
Coste asumible
El PNUD defiende que la propuesta es asumible para los estados y para ello ofrece distintas fórmulas en cuanto a la cuantía, la duración de las ayudas –tres, seis o nueve meses- y cómo se podrían pagar.
Así, plantea por ejemplo pagos que sitúen a toda la población por encima de las distintas líneas de vulnerabilidad, que irían de 3,20 dólares diarios en el África Subsahariana o el sur de Asia a trece dólares diarios en las regiones de Europa y Asia Central y de Latinoamérica y el Caribe.
Otra opción serían transferencias equivalentes a la mitad de los ingresos promedio por hogar de cada país, mientras que el estudio también plantea la posibilidad de un pago que corresponda a 5,50 dólares diarios en todo el mundo, una cifra media de los ingresos necesarios para evitar la pobreza en distintas regiones.
El coste para los 132 países en cuestión, que supone un 83% de la población del mundo y entre los que se incluyen economías muy débiles pero también otras de ingresos medios, varía en función de las opciones que se elijan entre un 0,27% y un 0,63% de su Producto Interior Bruto combinado, según el estudio.
Entre las formas de pagar esa cantidad, el PNUD destaca la posibilidad de que los países usen los fondos que este año tendrían que destinar al pago de deuda. El G20 acordó con motivo de la pandemia una moratoria para los países más pobres, mientras que la ONU insiste en la necesidad de extenderla a más economías en vías de desarrollo.
También propone, por ejemplo, la reutilización de los subsidios a los combustibles fósiles o los gastos militares, al tiempo que admite que hay dificultades administrativas y políticas que deberían superarse para poder hacer realidad este proyecto.
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