En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha quedado visto para sentencia el juicio a los excompañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y la diputada de la CUP la pasada legislatura Mireia Boya, para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año y ocho meses de inhabilitación por desoír al TC al tramitar las leyes del procés.

Uno de los acusados, Lluís Guinó (PDeCAT), que actualmente es diputado de JxCAT y que en la pasada legislatura fue vicepresidente primero de la Mesa desde julio de 2017, ha alegado en su último turno de palabra que «en ningún caso» tuvieron voluntad de delinquir ni de desobedecer los requerimientos del Tribunal Constitucional.

Por su parte, la ex secretaria primera Anna Simó (ERC) ha denunciado que este proceso judicial forma parte de una «causa general» contra el independentismo y ha lamentado que el Constitucional pretendiese utilizar a la Mesa del Parlament para «coaccionar» el debate parlamentario, lo que habría supuesto una «tutela inaceptable».

Lluís Corominas (PDeCAT), que fue vicepresidente primero hasta julio de 2017 y posteriormente presidente del grupo de JxSí, ha insistido en que esta causa no tendría que haber llegado al juzgado y que si lo ha hecho es por el "contexto político".

No obstante, ha asegurado que en los tres años en que ha estado inmerso en este proceso judicial ha reafirmado sus convicciones y confianza en el Parlament y su papel, así como su compromiso a la hora de seguir trabajando «de manera tranquila, incansable, democrática y pacífica» para la independencia de Catalunya.

Por su parte, Ramona Barrufet (PDeCAT) ha agradecido el «buen trato» y el «buen tono» que han mantenido en el juicio tanto el tribunal como la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox, agradecimiento al que también se ha sumado Guinó. 

Alegato por la desobediencia civil

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, la única de las acusadas que no recibió ningún requerimiento del Constitucional, ya que no formaba de la Mesa, ha aprovechado su derecho a un último turno de palabra para pronunciar un alegato político en defensa de la desobediencia civil como mecanismo para poder ejercer la autodeterminación de Cataluña.

Como representante de la CUP, ha asegurado, estaba «obligada» a cumplir con el programa de la formación, que había concurrido a las elecciones de 2015 defendiendo la independencia bajo la premisa de que la soberanía emana de la ciudadanía, que se expresa con sus votos, y no de las resoluciones del TC.

Según Boya, su compromiso era intentar avanzar en un proceso constituyente ante el «inmovilismo flagrante» del Estado español, que ha «bloqueado» cualquier iniciativa del independentismo, ha utilizado la «guerra sucia» y ha optado por la «represión judicial» y la violencia policial.

Como en Madrid no había nadie dispuesto a dialogar con los independentistas, según Boya, optó por desacatar las leyes «injustas» para avanzar hacia la consecución de una república catalana independiente.

«Opté por desobedecer porque el Régimen del 78 nos ha obligado a desobedecer, no tenemos ninguna otra opción», ha exclamado Boya, que ha reivindicado la desobediencia civil como una vía «legítima» y de «radicalidad democrática» para superar el «muro constitucional».

En su alegato final, Boya ha sostenido que no tiene miedo ni del tribunal ni de la sentencia y ha señalado que si el juicio lo dirigiera un jurado popular quien se sentaría en el banquillo de los acusados son los magistrados de Constitucional que intentaron «bloquear» la actuación parlamentaria para evitar el ejercicio del «legítimo» derecho a la autodeterminación.

En este sentido, ha apuntado que ella no quiere romper el orden constitucional español, sino «construir una república catalana independiente que tenga su propia Constitución».

Por este motivo, ha defendido toda su trayectoria como diputada, ha denunciado que su compañera Anna Gabriel se tuviese que exiliar para no ser juzgada y ha advertido de que el independentismo se está alzando frente a las «porras y las togas».

Por su parte, su abogado, Carles López, ha replicado en su informe al teniente fiscal Pedro Ariche y ha denunciado que este juicio es político, ya que se juzgan ideas políticas en el marco de una «causa general» contra el independentismo.

«Juicio vergonzoso»

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha calificado este viernes el juicio por presunta desobediencia a los exmiembros de la Mesa como «otro juicio vergonzoso contra los derechos y libertades democráticas».

S'ha acabat el judici a la Mesa del Parlament, un altre judici vergonyant contra els drets i les llibertats democràtiques. Enormement agraïda als companys i companyes de Mesa i a la @yeyaboya per haver-me recordat i per haver defensar el parlamentarisme. Orgull de legislatura.

— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) July 24, 2020

«Enormemente agradecida a los compañeros y compañeras y a Mireia Boya por haberme recordado y por haber defendido el parlamentarismo», ha dicho en tuit.

Forcadell presidió la Cámara catalana cuando los enjuiciados ocuparon sus cargos en la Mesa del Parlament, y en su mensaje al finalizar el juicio ha añadido: «Orgullo de legislatura».