![Un hombre ante los restos del puerto de Beirut. (Patrick BAZ / AFP)](/media/asset_publics/resources/000/726/163/article_main_landscape/Beirut1.jpg)
La comunidad internacional se ha comprometido este domingo a movilizar 252,7 millones de euros en ayuda de urgencia para la población del Líbano tras la explosión del martes en el puerto de Beirut, que dejó 158 muertos y más de 6.000 heridos.
Esa cantidad ha sido decidida en una videoconferencia de donantes en la que han participado una treintena de mandatarios y altos responsables de instituciones como la Unión Europea (UE) o el Banco Mundial.
Su objetivo es responder a las necesidades más urgentes sobre el terreno, especialmente en el ámbito médico, sanitario y alimenticio, y avanzar que más a largo plazo sus participantes están dispuestos a respaldar la recuperación económica y financiera libanesa si las autoridades locales se comprometen a efectuar reformas de peso.
Entre otras contribuciones, el Estado francés ha comprometido 50 millones de euros; Alemania, 20 millones de euros; Kuwait, unos 40 millones de euros; la Comisión Europea, 63 millones de euros y Qatar, unos 50 millones de euros, según la cadena libanesa Al Yadid.
No es un «cheque en blanco»
Cabe señalar que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha señalado que la ayuda no es un «cheque en blanco». Aunque los fondos de urgencia se ofrecen sin condiciones, el apoyo posterior sí está supeditado a cambios profundos en un país en crisis.
«Ha llegado el momento de despertar y actuar. Las autoridades libanesas deben poner en marcha ahora las reformas políticas y económicas solicitadas por el pueblo libanés, que permitirán a la comunidad internacional actuar de forma eficaz junto con el Líbano para su reconstrucción», ha añadido.
En la misma línea se ha pronunciado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que ha condicionado la entrega de miles de millones de dólares al Líbano a que las autoridades se comprometan a llevar a cabo una serie de reformas, destinadas a garantizar la «solvencia» en las cuentas públicas.
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