«Precursores de explosivos». Este término fue la palanca que llevó a la Guardia Civil a reventar los domicilios de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) hace hoy justo un año. Se les imputó «terrorismo» argumentando que algunas sustancias halladas en las casas (aluminio, óxido metálico) podían ser susceptibles de utilizarse en futuros atentados; una elucubración sobre otra.

En este sentido, la redada recordaba inevitablemente a montajes producidos en Euskal Herria o al conocido «fake» del «comando Dixán» yihadista. No obstante, la Audiencia Nacional lo dio por bueno en un primer momento y mandó a prisión a siete de los detenidos.

Ocurrió en un contexto que puede explicar el objetivo de la redada: estaba ultimándose la sentencia del «procés» contra los líderes independentistas y se intuía una respuesta ciudadana muy potente, como ocurrió. Es probable que con esta operación la Guardia Civil quisiera lanzar un aviso a navegantes, en una especie de criminalización «a priori».

¿Cuál es la situación este nuevo 23S, 366 días después? Los encarcelados fueron quedando libres unos meses más tarde, tras aceptar la Audiencia Nacional que los supuestos «precursores» en ningún caso eran explosivos. Sin embargo, la investigación se mantiene sobre trece personas, con un objetivo indisimulado de  llegar algún día a la ilegalización de la organización que reúne a los comités independentistas. Y tres de ellas (Jordi Ros, Alexis Codina y Germinal Tomàs) siguen señaladas por la Guardia Civil como «núcleo productor», incidiendo así en su hipótesis sin prueba alguna hasta la fecha.

La causa sigue abierta por tanto en la Audiencia Nacional, a la espera quizás de que el mero paso del tiempo la entierre, aunque este 23 de setiembre el recuerdo está muy vivo en Catalunya.

De hecho, este fin de semana habrá un acto solidario en Vic y se presentará un documental titulado ‘De Matinada’ que recuerda aquellas detenciones con testimonios y la explicación del contexto político.