El director general de Vivienda del Gobierno de Nafarroa y ex alcalde de Tutera, Eneko Larrarte, ha señalado a NAIZ que Navarra Suma «se ha equivocado» al pedir su dimisión por su actuación en el proceso de elaboración del censo de vivienda vacía en el herrialde: «No han tenido en cuenta lo que dicen las diferentes leyes, se han fijado en una y han obviado las demás».

¿De dónde viene el litigio? El portavoz de Navarra Suma en materia de vivienda, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha denunciado que para la elaboración de ese censo la dirección general utilizó los datos sobre consumo de agua en 2019 facilitados por la Mancomunidad de Iruñerria al Departamento de Hacienda para la lucha contra el fraude fiscal, algo que, según el parlamentario, es una falta muy grave. Por ello ha pedido el cese inmediato del director general.

En declaraciones a NAIZ, Larrarte ha mostrado su sorpresa porque cree que NA+ «se ha equivocado. Explica que, en respuesta a una petición de información realizada por el propio tripartito de derechas, la Dirección General de Vivienda explicó que el apartado 'ñ' del articulo 105.1 de la Ley Foral General Tributaria faculta al departamento a utilizar estos datos.

De hecho, esta ley tributaria fue modificada durante la tramitación de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Nafarroa para facultar expresamente a Hacienda a trasladar los datos de consumo de agua a Vivienda para la elaboración del censo de viviendas vacías.

«Cierto tono amenazante»

Por su parte, Navarra Suma hace hincapié en que a los propietarios de esas casas les llegó una carta con «cierto tono amenazante» donde se les explicaban los problemas que puede conllevar tener retenido un bien que para otras personas resulta de primera necesidad.

La llegada de estas cartas fue recibida con bastante alboroto por parte de la derecha y Navarra Suma se ha obcecado con Larrarte, que ya denunció la oposición destructiva de UPN cuando una unión progresista le arrebató en 2015 la Alcaldía de Tutera, feudo de los de Javier Esparza desde 1995.

Respecto a las misivas, Larrarte indica que se remitieron a personas físicas y jurídicas propietarias de vivienda: «Explicamos el abanico de posibilidades respecto a las consecuencias, pero sí que es cierto que la ley evidencia las diferencias entre personas físicas y jurídicas y no especificarlas fue un error».

«El tema es que para las personas jurídicas sí que se contemplan sanciones por parte del Gobierno de Navarra», añade, mientras que para las físicas, excluidas la primera y segunda vivienda, se contempla aplicar a partir de la tercera vivienda desocupada un impuesto municipal.

Siete años después

Tras varios años de espera, el Gobierno navarro comenzó en esta legislatura el procedimiento para declarar viviendas vacías. La demora se debe en parte a que La Ley de Medidas Urgentes aprobada en 2013 fue recurrida por el Estado español al Tribunal Constitucional. 

El órgano judicial avalaría parte de esta ley cinco años después, en concreto la norma que prevé aumentos de gravámenes, pero también sanciones que podrían elevarse a decenas de miles de euros e incluso expropiación en casos extremos.

Sin embargo, el Constitucional anuló otra parte de la Ley Foral por invadir competencias del Estado. Se trata de las disposiciones de la norma que declaraban causa suficiente para la expropiación el interés social derivado de que hayan sido desahuciadas de esa vivienda, por bancos o entidades similares, personas en situación de emergencia social.

Con todo, el principal escollo de esta ley es que se hace necesaria la creación de un censo de viviendas vacías antes de poder desplegar su contenido y es por esto que el Gobierno navarro comenzó con su detección en junio.

Así, el Ejecutivo apreció un total de 2.638 viviendas vacías ubicadas en Iruñerria, Tafalla, Erriberri y Caparroso y animó a ofrecerlas en régimen de alquiler. Para ello, tal y como se menciona anteriormente, se realizó un control sobre el consumo de agua y otros indicadores.

Una vez concluida esta experiencia piloto, Larrarte informa de que «vamos a continuar la misma dinámica» en 33 municipios: «Informaremos a los propietarios sobre los indicios y luego estos pueden acreditar que no son tales, es decir, el propietario puede justificar que la vivienda está a la venta o que está en obras. A partir de ahí, ya se puede abrir un procedimiento reglado en donde mandamos una resolucion de que la vivienda está vacía y tienen un tiempo para presentar alegaciones. Si no lo justifican, pasa a formar parte del censo de vivendas vacías».

Grandes tenedores

Junto con esas viviendas particulares citadas, el Servicio de Inspección de Vivienda –un equipo de nueva creación dentro del departamento que dirige José Mª Aierdi- ha realizado un chequeo entre los considerados grandes tenedores –personas jurídicas, físicas, fundaciones o entidades que sean titulares de más de 20 viviendas-, entre los que ha identificado un total de 4.896 viviendas que están en manos de 53 titulares (con una media de 92 viviendas por titular) y el 63% de ellas, en manos de siete empresas privadas de gestión de vivienda de alquiler y el Arzobispado.

Larrarte explica en este sentido que estos casos «llevan un procediminto diferente porque están obligados a informar directamente al Departamento de la existencia de vivienda vacía. Ahora vamos a empezar a mandar resoluciones específicas indicándoles los indicios».

Mediante esta ley, el Gobierno de Nafarroa ayuda a arreglar la casa para ponerla en alquiler y se ofrece como garante de que la renta será efectuada todos los meses.

Pese a que no ayuda a solucionar todos los problemas de vivienda en un mercado volátil, para el director general de Vivienda la ley es un «complemento interesante» aunque con un proceso lento «desde que nosotros lo iniciamos hasta que se puede declarar una vivienda vacía». «Y luego tienen que pasar hasta 2 años para hablar de sanciones, pero el propio hecho hace que los grandes propietarios llamen de departamento y es un avance», añade.