Los vecinos y vecinas han trasladado a los representantes del Gobierno de Gasteiz su preocupación ante la situación que viven como consecuencia de la «irrupción» de los llamados «fondos buitre» en Donostia, tanto en el caso de las viviendas protegidas, como en el barrio Benta Berri, como en las privadas, como en el caso de las viviendas a cargo de Azora.

En el comunicado, han explicado que cada grupo ha expuesto su problemática concreta, advirtiendo de que la problemática de Benta Berri «se extiende a más promociones de Gipuzkoa, construidas y gestionadas por promotoras con periodos de alquiler protegido limitados a 20 o 30 años y que a cambio de estos alquileres protegidos de duración limitada, algunas se han construido en suelo público o han recibido ayudas públicas para su construcción». Como ejemplo han expuesto el caso de Lasarte-Oria, donde la protección de la promoción de viviendas de la calle Zapategi termina en agosto del 2021 y por ello los contratos se están finalizando. La renovación de estas será a costa de una subida del 50% en las rentas. «O firmas esa subida o te vas a la calle, así de claro», han protestado.

Por ello, sobre el caso de Benta Berri, Alokairu ha solicitado la intermediación de Lakua frente a las «amenazas, coacciones, intentos de desahucio y falta de interlocución con Blackstone», a lo que el Gobierno de Gasteiz le ha respondido que esa intermediación ya se está dando y confirma, además, que Blackstone pretende mantener el alquiler hasta 2028, «pero luego se desconoce qué va a pasar».

Sobre la problemática de Inmobiliaria Vascongada Azora, el Ejecutivo de Urkullu ha reconocido que no ha intervenido en nada ni prevé hacerlo al tratarse de viviendas privadas, según han trasladado las vecinas. «Nosotros le hemos recordado que el artículo 65.5 de la Ley de Vivienda Vasca podría aplicarse a estos supuestos, pero nos han contestado que necesita desarrollo reglamentario como otros muchos aspectos básicos de la Ley», han dicho los inquilinos.

Regulación y estabilidad

Por otro lado, ante la incertidumbre que provoca Azora renovando los contratos mes a mes, las asociaciones vecinales han informado de que Lakua ha coincidido con ellos en la valoración sobre este tema y han reclamado al equipo de Urkullu que traslado a los partidos del Parlamento de Gasteiz y al Gobierno español la necesidad de que se regule de algún modo esta figura «que pervierte totalmente la vocación con la que se reformó la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) estatal dotando de mayor estabilidad a los contratos, y más aún en el caso de Grandes Tenedores».

Finalmente, sobre el desarrollo de la Ley de Vivienda Vasca, las vecinas han referido varios temas como la necesidad del control de precios de los alquileres, Derecho Subjetivo, más presupuesto para alquiler social eliminado los incentivos fiscales para la compra de vivienda y el desarrollo del decreto sobre vivienda deshabitada, «poniendo de manifiesto nuestro profundo desacuerdo en estos aspectos con el Gobierno vasco».