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RACVN y asociaciones de consumidores piden no limitar la velocidad

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca (EKA/ACUV) y la Federación de Consumidores de Euskadi (EKE-FCE) han pedido al Ayuntamiento de Bilbo en un manifiesto conjunto que «recapacite» y retire la medida 'Bilbao a 30'.

Señales en la rotonda de Pio X, en Deustu. (Luis JAUREGIALTZO/FOKU)
Señales en la rotonda de Pio X, en Deustu. (Luis JAUREGIALTZO/FOKU)

En el escrito proponen como alternativas «adecuar la velocidad a cada tipo de vía, fomentar el transporte público, apostar por la pedagogía y la formación cívica y crear parkings disuasorios seguros con lanzaderas subvencionadas».

Los firmantes del manifesto han expresado en un documento conjunto «su descontento y disconformidad, de manera pública y oficial, con la medida puesta en marcha por el Ayuntamiento de Bilbao de establecer la limitación de velocidad de 30 kilómetros hora en sus vías». Asímismo, han instado al Consistorio a que «atienda a las razones expuestas en el documento para replantearse su decisión y dar marcha atrás».

Los presidentes de las asociaciones de consumidores, Koldo Nabaskues (EKA), Ana Alzaga (UCE) y Jon Ariño (EKE) y el presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, han firmado durante la comparecencia el manifiesto, en representación de sus respectivas organizaciones, en un acto desarrollado en la sede del RACVN en Bilbo en el que también ha tomado parte el director del RACVN, Eduardo Martínez.

Las cuatro organizaciones han destacado que la reducción a 30 por hora de la circulación en todo el casco urbano para reducir las emisiones de gases contaminantes y aumentar la seguridad vial, no son «argumentos válidos, sino excusas, ya que no aportan ningún estudio que avale dichas afirmaciones».

«Efectos contrarios»

Los firmantes del manifiesto han replicado que la medida «produce efectos contrarios a los supuestos pretendidos, afecta negativamente en la movilidad de empresas, organizaciones y particulares, para los que el uso de su automóvil o vehículo profesional resulta imprescindible e insustituible e incide de manera negativa en el comercio local».

También, desde su punto de vista «dificulta su abastecimiento y al mismo tiempo disuade a los consumidores de acudir a la ciudad a realizar sus compras frente a los centros comerciales situados en las afueras (sin OTA, sin límite 30 y con parking gratuito)».

A su vez, afecta «negativamente y dificulta el desempeño de las labores profesionales de los colectivos como taxis, repartidores o conductores de autobuses, aumenta el consumo de combustible y con ello el gasto para los usuarios y puede producir un deterioro prematuro de los vehículos (embragues, filtros de partículas, etc)».