La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado tras 20 horas de debate el proyecto de ley para la legalización del aborto, que ahora pasa al Senado, que ya tumbó en 2018 una iniciativa similar y que comenzará el lunes a debatir el nuevo texto, con vistas a pronunciarse antes de que acabe el año.

El texto, que ha sido impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, ha recibido 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras una sesión que se ha extendido 20 horas y durante la que multitud de personas se han manifestado, a favor y en contra, y a la espera del resultado, a las afueras del Congreso en Buenos Aires.

El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual –hoy en día solo se permite abortar legalmente si la mujer ha sufrido una violación o corre peligro su vida– y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar en el aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.

«Velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública», ha defendido la diputada oficialista Cecilia Moreau, en el mismo sentido en que Fernández viene pronunciándose desde la campaña electoral de 2019, cuando se comprometió a impulsar el proyecto con la principal motivación de reducir los abortos clandestinos, que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Las trabas pueden llegar en el Senado

De nuevo, se estiman dificultades en la Cámara Alta, ya que aunque el oficialismo tiene mayoría absoluta (41 bancas), el aborto genera diferencias en el seno de los principales grupos políticos, tanto de la coalición gobernante como de la oposición.

«El aborto es el emergente claro de la falta de educación, de oportunidades, de las desigualdades y las violencias contra la mujer, y en lugar de resolver las causas venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la resolución del problema, ofreciéndole como única solución que pueda disponer de la vida de su hijo», ha criticado Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal.

Por su parte, Silvia Ginocchio, del gobernante Frente de Todos, ha considerado que para terminar con la clandestinidad, es necesario avanzar con políticas de prevención y educación sexual en todo el país. «El aborto existe. Los que se oponen a la legalización condenan a la clandestinidad a las mujeres poniendo en riesgo la única vida que el Estado puede salvar», ha señalado Silvia Lospenato, del opositor Juntos por el Cambio.

El Gobierno lo considera «un paso fundamental»

Al conocerse el resultado de la votación, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, ha asegurado que se trata de «un paso fundamental y un reconocimiento a una larga lucha que vienen llevando adelante los movimientos de mujeres» en el país desde hace años.

«La decisión del Poder Ejecutivo es clara: que nunca más una mujer o una persona gestante se vea obligada a realizar un aborto clandestino y a poner en riesgo su vida o su salud; pero, a la vez, que ninguna mujer se vea en la situación de tomar la decisión de abortar en virtud de su estado de vulnerabilidad económica o social», ha indicado Gómez Alcorta.