Etxerat ha reunido en Euskalduna Jauregia a la mayoría política y sindical de la CAV, donde han remarcado su apuesta por «la paz y convivencia y por la superación de una política penitenciaria que no se corresponde con el deseo de esta sociedad».

El pasado 8 de setiembre, Etxerat convocó a partidos y sindicatos en Donostia par poner sobre la mesa el fin de la política de dispersión y alejamiento de los presos vascos y «superar la excepcionalidad que se viene aplicando en materia penitenciaria». Quienes se reunieron acordaron realizar una declaración conjunta tras las elecciones.

De esta forma, PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, Etxalde, Ehne, CNT, CGT, Hiru y Steilas han comparecido hoy en Bilbo para reclamar al Gobierno español que cumpla la ley penitenciaria general, «para evitar el desarraigo de la persona presa, como fijan los principios de reinserción y resocialización». Así, en una declaración leída por Ana Pérez (Steilas), Irune Berasaluze (PNV), Raúl Arza (UGT) y Maddalen Iriarte (EH Bildu) han mostrado su desacuerdo con la política de alejamiento puesta en marcha hace más de tres décadas, subrayando que la sociedad vasca se encuentra en un nuevo marco tras el fin de la lucha armada de ETA. «Es necesaria otra política penitenciaria, que evite el alejamiento de los lugares de residencia de los presos y sus familiares, y también que mire al bienestar de los menores, defendiendo el derecho a estar con sus progenitores».

El covid-19 también ha marcado la política penitenciria y el confinamiento ha abierto un debate sobre las consecuencias que la situación sanitaria ha tenido sobre los reclusos. En ese sentido, han reclamado que «los mandatarios que correspondan tomen las decisiones necesarias» y han señalado como «especialmente relevante» la propuesta de Lakua en relación con la pandemia y con el objetivo de prevenir la salud pública, en la que reclamó que todos lo presos fuesen acercados a prisiones cercanas al entorno familiar. De hecho, han querido apoyar todas las iniciativas dirigidas a articular un plan de acercamiento de las personas presas a las cárceles más cercanas de su entorno familiar. En el caso de la CAV, a Martutene, Basauri y Zaballa.

De esta forma, han recordado la «apuesta decidida por la paz y la convivencia de la sociedad», que «en numerosas ocasiones» ha demostrado su deseo de superar una política penitencia que «corresponde al pasado».

En ese camino, han mostrado su apoyo al Gobierno español, así como el de la sociedad vasca, «si se decide a dar los pasos para poner en marcha una política penitenciaria ordinaria».

«Ayudaría a cerrar en la sociedad y la política vasca una etapa del pasado y crear un presente basado en la paz y la convivencia con el reconocimiento de todas las víctimas, contribuyendo a un presente y futuro basado en la convivencia democrática», han subrayado.

Los representantes políticos y sindicales han informado, asimismo, de que trasladarán la declaración al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los lehendakaris Iñigo Urkullu, María Chivite y Jean-René Etchegaray, al intergrupo de apoyo al proceso vasco, Friendship, a los directores de las cárceles españolas donde haya presos vascos y al Parlamento de Gasteiz y los ayuntamientos de la CAV.