«Hemos pedido que paguen con cárcel los militares que ordenaron la cruel masacre de El Mozote», dice Rosario López, cuyos familiares se cuentan entre las casi 1.000 personas masacradas hace 39 años en El Mozote durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

López tiene 73 años, y perdió a 24 miembros de su familia en aquella matanza. Han pasado casi cuatro décadas y «la justicia nunca la vemos», señala a AFP.

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, entrenado por Estados Unidos, torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente», según cifras oficiales, a 986 personas, entre ellas 558 niños, en el cantón El Mozote y comunidades adyacentes, en el noreste de El Salvador.

¿El motivo? Sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, pues sus viviendas fueron quemadas.

En aquella fatídica noche del 11 de diciembre de 1981, López perdió a sus padres Ismael López y Francisca Sánchez, dos hermanas y 20 sobrinos.

«Es duro estar a 39 años de esa cruel masacre (...) esas heridas nunca sanarán, siempre siguen sangrando, mientras no haya justicia no vamos a sentir paz en nuestros corazones», confiesa López con la voz quebrada.

En los días posteriores a la masacre, la población regresó para sepultar en fosas comunes a las víctimas, y una vez finalizada la guerra, en 1992, un equipo argentino de antropología forense realizó las exhumaciones para que las osamentas fueran entregadas a sus familiares.

La mujer, que esperó 27 años para recuperar los restos de sus familiares para sepultarlos, relata cómo se salvó junto a su pareja huyendo al monte y ocultándose en cuevas.

López fue una de las testigos de la masacre que en abril de 2012 viajó a Ecuador para dar su testimonio, en un proceso abierto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en ese mismo año condenó al Estado salvadoreño y le ordenó medidas de reparación.

Plenamente probada

Según David Morales, abogado acusador en el proceso penal, a través del trabajo forense se han recuperado restos que pertenecían a casi 400 personas y el 75% de esos restos correspondían a niños menores de 12 años.

«Es este sitio de martirio popular, al lado de la iglesia, en una pequeña cabaña conocida como el convento, en 1992 se recuperaron los restos de 143 personas, entre ellos se recuperaron 136 esqueletos de niños cuyo promedio de edad era de seis años», ha recordado a Efe el letrado.

Señala que los expertos forenses declararon, en ese momento, que probablemente existían más niños fallecidos, pero que «se trataba de bebés de tan corta edad que sus restos óseos se habían pulverizado».

Morales ha indicado que también una joven en su tercer trimestre de embarazo fue encontrada en ese lugar «donde (estas personas) fueron asesinadas por 24 tiradores que utilizaron fusiles M16 con balas fabricadas en los Estados Unidos».

«Estas son las dimensiones del crimen, la masacre ha sido plenamente probada. Las víctimas, que eran personas civiles, no combatientes, personas inocentes, fueron declaradas objetivo militar por el alto mando (militar) de la época que utilizó una de sus herramientas favoritas –el Batallón Atlacatl– para perpetrar el crimen», ha subrayado.

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira, ha instado a los salvadoreños a sumarse al «clamor popular» para que se juzgue la masacre, porque «solo la justicia y la verdad pueden reparar una brutalidad tan impresionante».

Sin acceso a archivos

El presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem), Óscar Leonel Tobar, de 42 años, lamenta que el Ejército salvadoreño se haya negado a entregar archivos de la masacre al juez que ve el caso en un tribunal de la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de Morazán (noreste). En esa corte figuran como imputados 16 militares implicados, acusados de 13 delitos.

«Hemos escuchado que es una nueva fuerza armada, pero su actitud sigue siendo la misma. Protegidos por el Estado, no permiten abrir los archivos», denuncia Tobar a AFP.

Desde setiembre, el juez Jorge Guzmán se presentó a seis cuarteles en busca de información de la matanza, pero le fue negada.

Para evitar entregar la información requerida por el juez, el Ministerio de la Defensa interpuso un recurso que la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente y le advirtió de que «obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutiva de delito».

El 27 de octubre, el Ejército de El Salvador entregó información seleccionada de la masacre al juez, pero, según los abogados defensores, es «intrascendente».

Tobar insiste en el pedido de «justicia» y en que se abran los archivos militares, tras recordar que en su caso perdió a su hermana de 12 años, a sus abuelos y otros 25 familiares.

«A 39 años que ocurrió esta terrible masacre se debe de mantener en la memoria histórica (...) cada año que celebramos un aniversario más para mí es muy doloroso, pero al mismo tiempo me siento satisfecho porque es otro año más que estamos logrando recordar lo que ocurrió», dice Amadeo Martínez, también familiar de varias víctimas, quien ha declarado a Efe que seguirán insistiendo para conocer la verdad y para que se condene a los culpables.

Señala que espera que en 2021 «se abran los archivos militares para saber la verdad y ver quiénes dieron la orden (para perpetrar la masacre)».

El bloqueo a los archivos militares, defendido por el presidente Nayib Bukele, se extendió a seis unidades militares y llevó al juez del proceso a pedir a la Fiscalía que investigue el papel del mandatario en las mismas para determinar si se cometió algún delito.

Mantienen la impunidad

El abogado defensor de las víctimas, Wilfredo Medrano, ha declarado a AFP que los militares «optaron por mantener la impunidad» de la masacre, pero se muestra confiado en que la instrucción de la causa penal de El Mozote, que tiene «abundante prueba científica», testimonial y documental, entre en su fase final en 2021.

Durante 35 años la matanza permaneció en la impunidad hasta que en julio de 2016, la Corte de Justicia salvadoreña declaró inconstitucional la amnistía que había perdonado en 1993 las atrocidades de la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos.

En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de la guerra culpó de la matanza a un grupo de militares, en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.

Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 al caer derribado por la guerrilla el helicóptero en el que viajaban, a cinco kilómetros de El Mozote.