La delegación de Behatokia, el Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política, está compuesta por el abogado Aitzol Asla (miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia) y Patrizia Vélez (portavoz de Etxerat), según informa en una nota el Foro Social.

Durante la mañana de este miércoles, Aitzol Asla se ha reunido con Yolanda González Pérez, directora del Centro Penitenciario de Córdoba. En ese encuentro, desde Behatokia se le han expuesto los datos y situaciones contenidos en el informe, se ha recogido de la directora su versión de las razones de esta situación y se ha buscado «la superación definitiva de esos obstáculos a través de la evolución de grado y su acercamiento a cárceles vascas».

Por la tarde, ya en Sevilla, tenía previsto mantener una reunión con Podemos Andalucía.

Mañana jueves, día 17, la delegación acudirá al Parlamento de Andalucía, donde mantendrá reuniones con los grupos parlamentarios Adelante Andalucía y No Adscritos (Anticapitalistas).

Esta ronda de reuniones es consecuencia del segundo informe monográfico de Behatokia sobre la cárcel de Córdoba, presentado el pasado 29 de octubre en Bilbo. El mismo pone en evidencia una serie de obstáculos para las personas presas, «prácticamente imposibles de salvar en su itinerario individual de reintegración», se señalaba.

Behatokia ha transmitido también al Defensor del Pueblo de Andalucía el citado informe y ha mantenido ya contactos con sus servicios, solicitándole su intervención.

Desde la presentación del informe, se han dado pasos para terminar con los internamientos en las unidades especiales de régimen cerrado (aislamiento), «pero esto no ha supuesto una evolución de grado», señala. Ese es el caso de la totalidad de los presos de Córdoba y de las personas presas en la misma situación en Sevilla II, Huelva y Estremera.

Behatokia considera que el fin del aislamiento «es un paso en la buena dirección que, por desgracia, ha llegado tarde para los cuatro presos que han cumplido la totalidad de su condena en Córdoba en régimen cerrado de aislamiento, pese a haber perseverado en la vía de reintegración».

Sin embargo, apunta que «la problemática puesta en evidencia por el informe sigue manteniendo toda su actualidad. Las cuatro personas aún encarceladas fueron pioneras en este terreno, iniciando los pasos en enero de 2017. A pesar de participar en los programas, de cumplir las obligaciones legales y demás, no se les ha concedido la progresión de grado. Y cuando han recurrido a la Audiencia Nacional, se les ha denegado. Los argumentos utilizados en los autos se repiten una y otra vez sin apenas cambios, en los parámetros del pasado, de épocas ya superadas».