El Senado argentino comenzará a debatir este martes si aprueba la legalización y despenalización del aborto en el país en una votación que se prevé ajustada y cuyo resultado final no está claro, después del voto afirmativo de la Cámara de Diputados.

En 2018, el Senado estuvo en una situación idéntica y votó en contra de la legalización de la interrupción del embarazo. Sin embargo, los cambios en la composición de la Cámara y que esta vez el proyecto de ley haya sido enviado por el Gobierno podrían suponer que la balanza se incline a favor de la legalización y la despenalización en esta ocasión.

Las «verdes» –por el color del pañuelo que llevan las mujeres a favor de la legalización– y «celestes» –que identifica a las que están en contra– han vuelto a ser convocadas para ocupar las calles durante la votación y presionar así a los pocos senadores que permanecen indecisos.

«Está todo muy justo. Yo creo que estará todo bien, pero hay mucho hermetismo en el Senado», ha explicado Mariela Belski, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, una de las organizaciones que apoya el proyecto.

Según los cálculos de medios como el diario local ‘Clarín’, 33 senadores votarán a favor del aborto legal y 32 en contra, mientras que cinco permanecen indecisos y dos estarán ausentes.

El proyecto

En Argentina son legales las interrupciones del embarazo en casos de violación o que pongan en peligro la salud de la mujer. Fuera de esta lista, el resto de abortos son un delito penado con la cárcel, algo con lo que este nuevo texto legislativo busca terminar.

Con el nuevo proyecto, las mujeres argentinas de más de 16 años podrán abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito. Belski ha calificado como «muy bueno» el proyecto al que considera «superador» respecto a otras leyes de aborto legal aprobadas en Sudamérica. Además, el proyecto de ley obliga a todos los hospitales a tener un médico que esté dispuesto a practicar un aborto y a practicarlo en un plazo de diez días tras la solicitud.

La politóloga Florencia Messore ha señalado que este tipo de requisitos se incluyen en texto para evitar que algunos sectores «tanto judiciales como médicos» utilicen ciertos procedimientos para evitar practicar el aborto, como la objeción de conciencia o la judicialización, una situación que se da en las provincias del norte de Argentina. Precisamente, las provincias del norte se encuentran representadas en mayor proporción en el Senado y fueron las que en el proyecto de 2018 decantaron la balanza y consiguieron que la ley fuera rechazada.

Controversia

Pese a que Argentina es una sociedad fuertemente polarizada, la grieta entre el Gobierno y la oposición no explica completamente las distintas intenciones de votos entre los senadores, ha subrayado la politóloga, que señala que la oposición al aborto legal, los llamados «celestes», es un movimiento transversal con representantes de izquierda y derecha.

Tanto dentro del peronismo, la coalición gobernante, como en la oposición habrá senadores que defiendan el 'sí' y el 'no', lo que da muestras de la división que existe respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en la sociedad argentina.

La votación se anticipa tan ajustada, que no se descarta que termine en empate y sea la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien con su voto de calidad como presidenta del Senado lo rompa. Fernández estuvo gran parte de su carrera política en contra de la legalización, pero en 2018 votó a favor y se espera que haga lo mismo en caso de que se necesite para aprobar el proyecto.

La implementación

En caso de que este martes el Senado apruebe el proyecto, Amnistía Internacional espera un largo camino hasta que funcione de manera regular en todas las provincias de Argentina.

«Al día siguiente que salga el proyecto va a haber una presentación judicial de pedidos de inconstitucionalidad a mansalva», ha asegurado Belski, antes de añadir que las organizaciones que defienden la legalización ya tienen preparados argumentarios legales para contrarrestarlo.

Sin embargo, la aplicación no se disputará solo en los tribunales, ya que la directora ejecutiva de Amnistía Internacional cree que, al residir las competencias de sanidad en las provincias, las más conservadoras pondrán problemas en la implementación o buscarán desarrollar reglamentos «menos garantistas» que el proyecto regional. «Hasta que los médicos acepten que lo tienen que hacer hay una cosa cultural que va a llevar un tiempo. La ley es un triunfo, pero el trabajo difícil empieza después», ha concluido.

Belski espera que la legalización del aborto en Argentina sea un comienzo de una expansión por Latinoamérica en base a la acción diplomática del país y los ejemplos extraídos del movimiento de mujeres que ha impulsado desde las calles el debate.