Salhaketa ha informado de otra muerte más en la cárcel de Zaballa, la sexta durante el 2020 recién terminado. F.A., de más de 50 años, preso del módulo 5, es el último encarcelado en engrosar esta lista que Salhaketa alude a «la falta de atención médica, negligencias, hipermedicalización y demás atrocidades».

Apareció muerto el día 25 de diciembre. «Acabamos el año 2020 con seis  personas presas muertas en Araba y alrededor de 130 en todo el Estado español. Asimismo, seguimos sin ningún tipo de aclaración sobre las circunstancias por parte de la propia cárcel e Instituciones Penitenciarias», ha denunciado.

Desde Salhaketa Araba defienden que «todas las muertes dentro de las cárceles son evitables» pero que «se ha convertido en un hecho rutinario, sin ninguna respuesta activa por parte de los responsables, siendo esta claramente parte de la estrategia de impunidad».

Información oculta durante 10 días

Instituciones Penitenciarias ha ocultado el deceso durante 10 días. El pasado 25 de diciembre, un periodista de NAIZ se encontraba a las puertas de la prisión de Zaballa cubriendo una iniciativa de Irati Gurasoekin Euskal Herrira, cuando un vehículo de la funeraria accedió al recinto de la prisión.

Desde este medio se solicitó información a Instituciones Penitenciarias, que en aquel momento rehusó dar una respuesta. Hoy, 10 días después del deceso, ha sido Salhaketa quien ha confirmado la noticia.

El anterior fallecimiento, el 21 de setiembre, tampoco fue confirmado por Instituciones Penitenciarias hasta que el colectivo de funcionarios Tampm (Tu abandono me puede matar) lo anunciase en redes sociales.

Concentración el día 12 de enero

El colectivo de apoyo a personas presas y familiares reconoce que el estado de alarma y la pandemia están dificultando su labor. «A pesar de eso, no vamos a dejar de visibilizar lo que pasa dentro, teniendo en cuenta que la pandemia ha dificultado mucho la comunicación y es más difícil hacer públicos los abusos».

De hecho, subraya que la crisis sanitaria «ha empeorado bastante» la vida de las personas presas y «sus derechos mínimos se han visto suspendidos sin ningún tipo de información, ni criterios compartidos con los propios presos». 

Ante ello, se han preguntado «¿qué piensan hacer los responsables de la cárcel de Zaballa?» y si se tomarán «las medidas preventivas urgentes para la no repetición de estos gravísimos hechos, en todos los casos, previsibles y evitables», o si, por el contrario, «seguirán optando por la pasividad y la no implementación de recursos de pisos de acogida y de atención psicológica y sanitaria».

De esta forma, para denunciar la «sistemática política de ocultamiento» de estos hechos y de las muertes en prisión, han convocado una concentración para el martes, 12 de Enero, a las 12:00 en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz. 

Polémico auto judicial

Cabe recordar que el pasado mes de octubre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo advirtió de que en las prisiones de la CAV es más fácil adquirir medicamentos sicotrópicos que drogas, y culpó de ello a la falta de supervisión por parte de los responsables sanitarios, dependientes del Gobierno autonómico.

«La administración sanitaria alimenta este mercado, de forma involuntaria, con regularidad y eficacia», censuró al tiempo que estableció la obligatoriedad de administrar el tratamiento directamente observado (TDO) a todos aquellos pacientes a los que se les paute sicofármacos, y dio un plazo de un mes para la implantación definitiva del mismo.

Sin embargo, hace tan solo unas semanas, el sindicato ELA denunció que Osakidetza no ha tomado las medidas necesarias para evitar la muerte de las personas presas en Zaballa. Alertó de que, en la prisión alavesa, la atención sanitaria, en lo que se refiere a Salud Mental, ha sido «improvisada, inadecuada y parcialmente privatizada».