Adif ha encargado la realización de informes periciales para hacer frente a las reclamaciones presentadas por las empresas que acometieron las obras de varios tramos de Alta Velocidad en el Estado español por las paralizaciones y ampliaciones en los plazos de ejecución.

Según las últimas cuentas anuales de su filial encargada de la Alta Velocidad, Adif AV, las provisiones para litigios alcanzaban, a cierre de 2019, los 684 millones de euros, de los que 664 millones correspondían a riesgos por litigios en obras de inversión instados por contratistas.

En el documento, la entidad considera «probable» que dichos litigios supongan una salida de recursos futuros.

Estas reclamaciones tienen su origen en diferencias en mediciones y en la determinación de las revisiones de precios, así como por sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de las obras.

En el caso de la licitación publicada este viernes en el BOE, los informes periciales responderán a las reclamaciones realizadas en las líneas Cuenca-Albacete-N. Encina-Alicante, Chamartín-Atocha-T.Velasco, Madrid-Barcelona-Frontera francesa, en el lote 1; y Monforte del Cid-Murcia-Almería y Antequera-Granada-Corredor Mediterráneo, en el lote 2.

Adif ya ha licitado en otras ocasiones la realización de informes de este tipo para hacer frente a las reclamaciones. En 2017 destinó 3,48 millones para los litigios originados en el AVE a Galiza, los túneles de la Variante de Pajares y también el nudo de Bergara.