Las autoridades mexicanas han explicado que tras «analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades estadounidenses» y los entregados por el general Cienfuegos, han concluido «que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno».

«Se determinó no ejercer acción penal», ha señalado la Fiscalía, lo que significa que Cienfuegos quedará libre, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que renunció a presentar cargos para que pudiera ser juzgado en México, le acusara de proteger a una célula del conocido cártel de los Beltrán Leyva.

La acusación detalla que Cienfuegos –conocido como ‘El Padrino’ en el marco de la investigación– protegió a cambio de sobornos al cártel H-2, dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, a quien habría advertido también de cualquier tipo de movimiento dentro del Ejército que pudiera perjudicarles.

Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que no se han encontrado pruebas de que el exministro de Defensa «hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado».

Además, «del análisis de su situación patrimonial y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público».

El pasado 15 de octubre, el general Cienfuegos fue detenido en Los Angeles, California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en el marco de la ‘Operación Padrino’ del Departamento para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyos agentes aseguraron haber hallado indicios y testimonios de la relación de Cienfuegos con el que fuera director de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Fue la primera vez en la historia de México que un exministro de Defensa era detenido por su supuesta relación con grupos delictivos vinculados al narcotráfico, ya fuera en territorio estadounidense o en suelo mexicano.

Vulneraciones de derechos humanos

Además de estas acusaciones, Cienfuegos, de 72 años, arrastra escándalos con respecto a su responsabilidad en varios casos de violaciones de los derechos humanos bajo la Administración de Peña Nieto, como el de Tlatlaya, donde murieron 22 personas a manos de efectivos del Ejército.

Aunque existen varias versiones de lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México corroboró que quienes estaban en el lugar no opusieron resistencia, pero pese a ello, al menos quince de esas personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial.

También ha sido acusado de «inacción» en el marco del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron atacados el 27 de septiembre de 2014 por un grupo de policías municipales de Iguala y del cártel de Guerreros Unidos. Cienfuegos negó entonces cualquier responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas.

El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de México, Alejandro Encinas, ha aseverado que su detención afectará, de hecho, a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.