El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha comparecido este viernes en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbo, escenario de movilizaciones históricas en favor del sistema público de pensiones en los últimos tres años, para anunciar que el sábado 13 de febrero volverán a salir a las calles para rechazar las recomendaciones del Pacto de Toledo y exigir que se garantice «por ley» los ingresos que mantengan el sistema público, así como que se deroguen reformas laborales y de pensiones.

Demandan ser consultados en el proceso de reforma para que existan «unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes». Mantener la lucha en la calle ha sido y es el modo más eficaz para ser tenidos en cuenta por los representantes políticos e institucionales.

Estiman que sus reivindicaciones son asumibles si hay voluntad política, teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria que ha posibilitado la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Han incidido en que la pelota está en el tejado del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien interpelan con las nuevas manifestaciones en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea, pero también apelan a los gobiernos de Lakua y Nafarroa.

El 25 de enero se reunirán ante el Parlamento de Gasteiz para denunciar los recortes y limitaciones del proyecto de presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu.

«Gracias a nuestra lucha»

«Gracias a nuestra lucha, hemos puesto en evidencia las grandes mentiras de que la Seguridad Social pública es insostenible, de que sean necesarias reformas y recorte como las de 2011 y 2013, y que hay una imposibilidad de revalorizar las pensiones con el IPC», han destacado a modo de balance de tres años de existencia del movimiento, citando la huelga general de enero de 2020.

Son conscientes de la importancia de sus movilizaciones y de las sinergias creadas con otros sectores, como los familiares de usuarios de residencias y sus trabajadoras. Por ello, han insistido en que «no podemos bajar la guardia, al contrario, tenemos que multiplicarlas buscando y posibilitando que sean unitarias y plurales y así más masivas».

No ocultan su rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo. «Ha rechazado nuestras principales reivindicaciones y tras la votación del Congreso, el factor de sostenibilidad, las pensiones de miseria y las reformas de 2011 y 2013 siguen vigentes y se abre la puerta a nuevas reformas como penalizar la jubilación anticipada, ampliar los años de cotización para el cálculo de la pensión, aumentar la edad de jubilación, impulsar planes privados de pensiones incentivados con dinero público, y se va a desnaturalizar y recortar la pensión de viudedad y las pensiones mínimas, han detallado.

Respecto a las controvertidas reformas, defienden que se sustenten «en el ideario neoliberal que sentencia que las personas pensionistas tienen pensiones muy altas y viven demasiado tiempo». «El problema de las pensiones está en los ingresos no en los gastos y garantizarlas para nuestra generación y las venideras requiere más y mejor empleo y redistribuir equitativamente la riqueza que trabajadoras y trabajadores generamos con nuestro trabajo», han sostenido.

Por ello, han emplazado a los distintos gobiernos y parlamentos a que garanticen los ingresos del sistema de pensiones mediante la creación de empleo «en cantidad y de calidad suficientes» y las aportaciones comprometidas por el Estado como garante del sistema, en modo de transferencias para asegurar la suficiencia de todas las pensiones.

No se han olvidado de citar su reclamación de una pensión mínima de 1.080 euros, la derogación de los aspectos más regresivos de las reformas de 2011 y 2013, así como acabar con la brecha de género y la aprobación de un salario mínimo de 1.200 euros.