![Reunión extraordinaria del Govern celebrada el pasado viernes para valorar la fecha de las elecciones. (Govern de la Generalitat)](/media/asset_publics/resources/000/767/166/article_main_landscape/Govern_14F.jpg)
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado suspender cautelarmente el decreto del Govern del pasado viernes que aplazaba las elecciones autonómicas catalanas al próximo 30 de mayo, con lo que mantiene en vigor la convocatoria del 14 de febrero.
En un auto, el alto tribunal catalán acepta la medidas cautelarísimas solicitadas por un particular que este lunes impugnó el decreto del Govern. La sala ha acordado la suspensión provisional del decreto, sin esperar a resolver sobre el fondo del asunto, para evitar que su decisión final tenga efectos «irreversibles» sobre la convocatoria electoral del 14 de febrero, que exige poner ya en marcha el proceso para llevar a cabo la votación.
La adopción de esta medida cautelarísima «no anticipa el posicionamiento sobre el fondo del asunto», que los magistrados aún tienen que abordar, ha destacado el TSJC.
Recursos a la convocatoria
La Sala Contenciosa ha recibido en total seis recursos relacionados con la convocatoria de elecciones, y solo dos incluyen la petición de medidas cautelarísimas: uno presentado el lunes y resuelto este martes; y el otro, presentado este martes y pendiente de resolución.
Las otras cuatro demandas incluyen peticiones de medidas cautelares: para estas, el TSJC ha dado margen hasta las 10.00 del jueves para que la Generalitat y la Fiscalía presenten sus alegaciones.
Una vez agotado el plazo, a partir de las 10.00 del jueves, la Sala empezará la deliberación sobre las medidas cautelares, y puede pronunciarse el mismo día o más adelante.
Además de este particular, han presentado recursos sobre el aplazamiento de los comicios Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres e Izquierda en Positivo, y Pacma ya recurrió la convocatoria antes de anunciarse el cambio de fecha, y alegó vulneración de derechos fundamentales ante las dificultades que las restricciones por el covid-19 suponían para recoger fondos y avales para concurrir a los comicios.
El Govern presentará alegaciones
El Govern ha acordado «reactivar todos los procedimientos» para preparar las elecciones del 14 de febrero, aunque ha alertado al TSJC de los «riesgos» sanitarios que implica celebrarlas en esa fecha.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha subrayado que el Govern «no comparte» la decisión del TSJC, ha alegado que el aplazamiento respondía a criterios «sanitarios y epidemiológicos» que «continúan plenamente vigentes» y ha anunciado que este jueves se presentarán alegaciones ante el TSJC.
Reacciones políticas
La suspensión cautelar del aplazamiento de las elecciones catalanas por parte del TSJC ya ha provocado las primeras reacciones entre los representantes políticos catalanes.
El president inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al TSJC de obstinarse en «gobernar Catalunya al margen de las urnas». «El TSJC continúa obstinado en gobernar Catalunyna al margen de las urnas, la democracia, los derechos fundamentales y la voluntad de los ciudadanos. Para vergüenza nuestra, una vez más», ha escrito Torra en su cuenta de Twitter.
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado que «judicializar la lucha contra la pandemia es inadmisible» y ha añadido que el Govern «defiende la soberanía política» mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.
Además, ha indicado que el Ejecutivo catalán dará «todas las certidumbres» con el objetivo de «proteger la vida de la gente, los derechos democráticos y la soberanía de Catalunya, siempre y en todas partes». «Alegaremos y defenderemos los argumentos jurídicos. Exigimos claridad de todas las partes dejando los intereses al margen», ha concluido.
El vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, ha asegurado que «debería dimitir alguien», sin concretar a quien se refiere. Por su parte, el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, también ha reaccionado a la decisión del TJSC, lamentando que la legislatura termine de nuevo «en manos de la justicia y del 155». «La pregunta es: ¿respetarán y harán respetar los resultados de la próximas elecciones y la soberanía de las instituciones catalanas?», ha preguntado.
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tachado este martes de «inadmisible» la decisión del TSJC y ha acusado al PSC y a la Moncloa de estar detrás de la suspensión. «El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta. Y todo a cuesta de la salud de la ciudadanía. Felicidades, Illa, ya tienes lo que querías. En las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que te salgas con la tuya», ha escrito en su cuenta de Twitter.
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que los socialistas no recurrirán el aplazamiento de las elecciones porque la cuestión, que insisten en que plantea «dudas legales», ya está en manos de los tribunales.
«Desde el primer momento dijimos que nos parecía que el Govern no estaba actuando bien y que estaba tomando decisiones que planteaban serias dudas desde el punto de vista jurídico», ha reivindicado Iceta, que ha subrayado que el Govern podría haber evitado la situación actual si hubiera atendido a las consideraciones del PSC.
La líder de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha tachado de «incomprensible» que el TSJC haya suspendido, de forma cautelar y provisional, el aplazamiento de las elecciones. «El Govern de JxCat y ERC no ha hecho bien su tarea, pero el aplazamiento es de sentido común, con UCIS colapsadas y gente que no podrá votar», ha defendido este martes Albiach.
El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha insistido en que es «evidentísimo» que las elecciones no pueden realizarse el 14 de febrero y ha pedido al Govern que subsane el decreto de aplazamiento de los comicios al 30 de mayo. En declaraciones a los medios junto a la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, Carrizosa se ha mostrado convencido de que «el Derecho tiene fórmulas para hacer compatibles el derecho a la vida y el derecho a la participación».
La CUP ha criticado que con esta decisión el TSJC «pone en riesgo la salud pública y la democracia obligando a 200.000 personas a decidir entre votar o romper las medidas sanitarias básicas».
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha rehusado opinar sobre la decisión del TSJC y se ha limitado a recalcar que la posición de su partido es que hay que «cuidar la salud de los españoles y catalanes y seguir los pasos que recomienden los expertos».
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