Si Escocia vota por partidos independentistas en las próximas elecciones del 6 de mayo, habrá un nuevo referéndum de independencia, incluso si Boris Johnson se niega a firmar la concesión. Esto se desprende del plan revelado por el diario ‘The National’ hoy.

Por primera vez, el SNP asume la posibilidad de que el premier británico «tendrá que emprender acciones legales si quiere evitar que los votantes escoceses tengan voz». La propuesta llega antes de la Asamblea Nacional virtual del SNP de este domingo, donde los miembros se reunirán para discutir «las tácticas y la estrategia en el camino desde hoy hasta el día de la independencia».

El Gobierno escocés estaba trabajando en 2020 en una legislación para permitir un segundo referéndum de independencia, pero el 16 de marzo anunció que quedaba en suspenso debido a la pandemia. Sin embargo, ya en setiembre, la ministra principal Nicola Sturgeon defendió que la independencia era vital para revertir el Brexit y permitir que Escocia regrese a la UE. «Por eso, antes del final de este Parlamento, publicaremos un proyecto de ley, estableciendo los términos propuestos y el calendario de un referéndum de independencia, así como la pregunta que se le hará a la gente en ese referéndum».   

La hoja de ruta subraya que un referéndum «debe estar más allá de cualquier desafío legal para garantizar la legitimidad y la aceptación en el país y en el extranjero».

Reto legal

El Anexo 5 de la Ley de Escocia de 1998 reserva la Unión de los Reinos de Escocia e Inglaterra a Westminster. Si bien esto se ha interpretado en el sentido de que Holyrood no tiene la competencia para convocar un referéndum, hasta hace poco no se ha impugnado en los tribunales. Además, una orden de la Sección 30 emitida por Downing Street permite enmendar la Ley de Escocia para otorgar explícitamente al Parlamento escocés el poder de celebrar la votación. Eso es lo lo que se hizo en 2014

Si los partidos independentistas ganan la mayoría de los escaños en mayo, y todas las encuestas sugieren que lo harán, el SNP volverá a solicitar dicha orden, defendiendo que en tales circunstancias «no podría haber justificación» para denegar esa solicitud.

El SNP argumenta que la negativa del Gobierno del Reino Unido «sería insostenible tanto en el país como en el extranjero». Sin embargo, el partido deja claro que incluso si Downing Street no da su consentimiento, celebrarán un referéndum. Entonces, según la formación del Ejecutivo escocés, dependerá del Gobierno del Reino Unido «acordar que el Parlamento escocés ya tiene el poder de legislar para un referéndum» o «acordar la Sección 30» o «emprender acciones legales para disputar la base legal del referéndum y buscar bloquear la voluntad del pueblo escocés en los tribunales».

El Parlamento escocés ya ha aprobado dos proyectos de ley que sientan las bases para un referéndum sobre la independencia. El primero fue el proyecto de ley de referéndums que se convirtió en ley el 29 de enero de 2020. A su vez, el proyecto de ley de elecciones escocesas se aprobó en febrero. El Gobierno caledonio asegura que estos dos proyectos de ley establecen las reglas generales para cualquier referéndum y el derecho al voto que se aplicaría a todos los referéndums celebrados en Escocia.

Vía distinta a la de 2014

Este enfoque, que es diferente del adoptado en 2014, cuando se acordó la consulta con el Gobierno británico de David Camerom, requiere que el Parlamento escocés apruebe los detalles de cualquier referéndum en particular (preguntas, calendario y algunas reglamentaciones específicas) y, por lo tanto, el Ejecutivo de Sturgeon entiende que solo se necesita un nuevo proyecto de ley breve para completar los preparativos legislativos para un segundo referéndum de independencia. El proyecto de ley se publicará en las próximas semanas y el Gobierno de Escocia del SNP incluirá la promesa de promulgarlo en su manifiesto de cara a la cita electoral. Asimismo, apuesta por realizar la consulta en la primera parte de la siguiente legislatura. El Ejecutivo subraya que «un referéndum debe estar más allá de la impugnación legal para garantizar la legitimidad y aceptación en el país y en el extranjero».

En resumen, si el 6 de mayo hay mayoría independentista, el SNP plantea tres escenarios para el Gobierno de Boris Johnson: acordar que el Parlamento escocés ya tiene el poder de legislar para un referéndum, aceptar la orden de la Sección 30 para otorgar ese poder o emprender acciones legales para disputar la base legal del referéndum y buscar bloquear la consulta en los tribunales.