El Congreso ha aceptado pedir a la Comisión de Venecia su opinión sobre la «protección legal de los ciudadanos en Países Bajos, especialmente bajo el derecho administrativo» y «el sistema de poder y contrapoder en la teoría y la práctica, incluidos los Estados Generales y el Poder Judicial».

La moción presentada por el diputado democristiano Pieter Omtzigt y aprobada hoy pide investigar la situación del Estado de derecho en el país y la gestión del escándalo de las ayudas a las familias.

El texto se justifica en que «se ha violado el Estado de derecho y es deseable asesoramiento externo de expertos independientes» sobre su situación, después del escándalo de las ayudas a los padres, que fueron acusados sin fundamento de fraude fiscal, lo que condujo a miles de familias –en su mayoría de origen inmigrante– a la ruina al intentar devolver a la Agencia Tributaria lo cobrado con anterioridad.

Además, Omtzigt –que trabajó junto a la abogada española Eva González para sacar a la luz este escándalo y exigir cuentas al Gobierno– pide el establecimiento de una comisión estatal que analice «en un sentido amplio el funcionamiento del Estado de derecho y presente propuestas para fortalecerlo, e informe al respecto» al Parlamento neerlandés.

Considera que el informe parlamentario que acusa a la Agencia Tributaria de «violar los principios fundamentales del Estado de derecho», deja en evidencia que el escándalo ha afectado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y que «hay motivos para temer que estos problemas se generalicen más en la acción gubernamental».

Esto supondrá un escrutinio externo e independiente del Gobierno de Mark Rutte, pero también de la Administración de impuestos y de varias agencias gubernamentales, sospechosas de políticas discriminatorias hacia los ciudadanos, en especial aquellos con doble nacionalidad.

Se busca entender los aspectos éticos de los algoritmos con el riesgo de discriminación, así como el nivel de protección de datos de los ciudadanos a la hora de recibir ayudas como la de los cuidados infantiles, puesto que la Agencia Tributaria había señalado por escrito el país de origen de sus víctimas en los archivos, algo considerado ilegal por discriminatorio.

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en cuestiones de Derecho Constitucional, ha emitido anteriormente informes sobre países como Polonia, México o Malta.

Deudas privadas

En otra moción, el ultraderechista Geert Wilders ha exigido que el Gobierno se haga cargo de las deudas privadas en las que han incurrido las familias para devolver el dinero que las autoridades fiscales les exigían, lo que hace referencia a todos los montos pendientes que los padres tienen con empresas, bancos y otras organizaciones no gubernamentales.

El Ejecutivo neerlandés ya anunció que las víctimas no tendrán que pagar sus deudas a las agencias del Estado, lo que evitará que los padres que reciban una compensación de 30.000 euros por el daño causado, tengan que entregar gran parte a los acreedores, aunque la deuda con entidades privadas sigue pendiente, lo que incluye bancos, empresas de energía, y corporaciones inmobiliarias.

Se estima que todos los padres que fueron víctimas de esta práctica fiscal suman deudas de decenas de millones de euros con el Gobierno neerlandés, pero no está claro cuánto deben al sector privado.

Este escándalo provocó la caída del Ejecutivo en bloque hace dos semanas, por lo que ejerce en funciones hasta las elecciones legislativas previstas para el 17 de marzo, en las que Rutte buscará su reelección por cuarta vez.