Como ha informado NAIZ al mediodía de este martes, el Tribunal Constitucional ha anulado parte del artículo 3.4 de la Ley autonómica de Medio Ambiente, gracias a que la Diputación de Gipuzkoa pidió que se admitiera la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJPV. La Fiscalía General del Estado, el Gobierno de Lakua y el Parlamento de Gasteiz se opusieron a la admisión.

Como consecuencia de esta decisión, el Tribunal Constitucional declara «inconstitucional y nulo» un punto que permite la acción popular en la «vía jurisdiccional» en materia de legislación medioambiental.  El pronunciamiento tiene lugar en el marco del recurso interpuesto por GuraSOS en 2016 contra la autorización ambiental de la incineradora de Zubieta. «La Diputación –según la asociación– quería evitar el pronunciamiento del TSJPV sobre la ilegalidad de la autorización y para ello propuso negar a GuraSOS el derecho a recurrir».

La iniciativa social explica que «el recorte del autogobierno vasco promovido no se verá reflejado en el objeto central del mismo, puesto que GuraSOS podrá seguir ejerciendo la acción judicial».

Sin precedente en 42 años

Recuerda que «en 42 años de historia de la autonomía vasca, nunca antes una institución emanada del Estatuto de Gernika, la Diputación de Gipuzkoa en este caso, había procedido contra el autogobierno vasco, solicitando la inconstitucionalidad de una Ley aprobada por otra instancia institucional vasca, el Parlamento Vasco en este caso».

Según explican en un comunicado, «en las próximas semanas el TSJPV emitirá una sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso interpuesto por GuraSOS hace casi 5 años. No entrará al fondo. Precisamente esa era la intención de la Diputación de Gipuzkoa, compartida por el TSJPV, sabedores todos ellos de que entrar al fondo significaría anular la Autorización Ambiental y la paralización del proyecto».

GuraSOS anuncia recurso

La asociación sostiene que «la finalidad era ganar tiempo. Es obvio que lo han conseguido, aunque sea a costa de atacar a la democracia ambiental y el autogobierno. Pero estamos lejos de dar por finiquitada la cuestión. GuraSOS ya está preparando el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El TC no ha querido entrar a valorar cuestiones de legalidad ordinaria, tal y como le pedía la Fiscalía General del Estado. Esta labor le corresponde inexcusablemente al Tribunal Supremo. Esa será la siguiente batalla».

Y avisa de que «si tampoco así es posible, GuraSOS está preparando una denuncia ante las Naciones Unidas, a la Comisión de Seguimiento del Convenio de Aarhus llamado de la “Democracia Ambiental”, con sede en Ginebra. No nos vamos a resignar hasta implantar la democracia ambiental».