«Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Aceves (sic), Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo». Este es el fragmento de la declaración por escrito del extesorero del PP, José Luis Bárcenas, a la Fiscalía Anticorrupción que afecta a Del Burgo, histórico líder del PP en Nafarroa y expresidente navarro durante un año, dado que se vio obligado a dimitir por el escándalo FASA.

Bárcenas desató ayer un terremoto con su confesión. Quien más tocado sale es Rajoy. El escrito no solo confirma que tras las siglas «M. Rajoy» que aparecían en los papeles se escondía –obviamente– el expresidente español, sino que también relata un episodio singular en el que Rajoy intentó destruyó la documentación que probaba la contabilidad de la caja B del PP con una trituradora, desconociendo que Bárcenas guardaba otra copia.

El extesorero del PP cuenta esta anécdota tan singular e incriminatoria de la siguiente manera: «De todas estas actuaciones era perfecto conocedor Mariano Rajoy, hasta el punto que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en una máquina destructora de papeles, sin saber, que yo guardaba un copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo».

El documento revelado ayer sostiene que el PP se financió de manera irregular durante décadas y que el sistema corrupto funcionaba, al menos, desde el año 1982.

Una caja fuerte para el efectivo

El escrito presentado a Fiscalía entra en el detalle de cómo se repartía ese dinero que entregaban «personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas» mientras Bárcenas llevaba las cuentas oficiales y extraoficiales del Partido Popular.

El cobrador del dinero en metálico era Álvaro Lapuerta, según señala el extesorero, que afirma haber estado presente en alguna entrega. Los maletines se cruzaban en Génova o en algún restaurante. Posteriormente, ese dinero en efectivo se ingresaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas.

Las entregas del dinero a los beneficiarios de esas «retribuciones, complementos o compensaciones» eran ejecutadas por Lapuerta o Bárcenas, pero siempre con el conocimiento del extesorero, que asegura que era Lapuerta quien le «daba instrucciones de sacar el dinero de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente».

Los sobres que recogía Del Burgo se anotaban en los papeles.  Bárcenas apuntaba al expresidente navarro de distintas formas: «J. I. Burgo», «J. I. del B», «Jaime Ignacio» y «Jaime I.». En ocasiones, junto a esas siglas, aparecía entre paréntesis «Calixto», en referencia a Calixto Ayesa, exconsejero de Salud de Nafarroa fallecido hace un año, que llegó a declarar junto a Del Burgo ante el juez Pablo Ruz.

La diferencia entre el momento en el que declararon los navarros y el actual es que Bárcenas ahora sí está colaborando (o está colaborando algo más). El motivo por el que el extesorero ha cambiado de parecer, según recoge el escrito a la Fiscalía es el incumplimiento de un pacto con el PP. El partido –sostiene Bárcenas– le ofreció a cambio de su silencio que su mujer no entraría a la cárcel. Sin embargo, su esposa, Rosalía Iglesias, entró a prisión el pasado día 8 de noviembre. Bárcenas, por su parte, lleva preso 4 años y medio.

El papel que jugó Del Burgo en su primera comparecencia ante el tribunal fue bastante peculiar y solo compartió su estrategia Pío García Escudero. El abogado navarro sorprendió reconociendo haber recogido los sobres apuntando varias justificaciones, como que Ayesa tuvo que abonar de su bolsillo un crédito de la UCD, que la política había hecho perder dinero en su consulta dermatológica al exconsejero o que, en otra ocasión, se trató de una de ayuda para una víctima de ETA.

Así, en 2013, el expresidente convocó a la prensa a su despacho donde hizo público un folio escrito por su puño y letra donde la exconcejal de Atarrabia, Elena Murillo, afirmaba haber sido la receptora de los 3.000 euros (500.000 pesetas) que habían salido de la caja fuerte del despacho de Bárcenas en Génova. El dinero lo destinó a cambiar de piso, después de que le colocaran un artefacto incendiario en el rellano.

El motivo por el que Del Burgo recogía el dinero para Ayesa en Génova es que ejercía como diputado en Madrid por UPN.

Esta versión parece chocar abiertamente con el escrito de Bárcenas en el que indica que se trató de «compensaciones salariales». Hay, de hecho, algún indicio menor que reviste de cierta verosimilitud la idea del complemento salarial que se entregaba cuando la caja había recaudado dinero suficiente de tan peculiares donantes. En concreto, uno de los apuntes a mano de Bárcenas anota que en setiembre de 1992 «Jaime I. del B.» habría recogido lo correspondiente a «junio/julio/agosto».

Es de reseñar una entrevista concedida por Del Burgo a la revista “Vanity Fair” en la que defendía que los sobres eran «redondeos» de los salarios de compañeros de partido y que negaba rotundamente que pudiera hablarse de una contabilidad B en su formación. «Yo he sido durante 20 años portavoz del grupo parlamentario popular en temas de financiación de partidos y de corrupción. Y he luchado siempre contra la corrupción», sostenía el abogado navarro en esa revista.

Culpar a ETA del 11-M

El documento de Bárcenas (que se enfrente a un segundo juicio por la contabilidad B del PP y la financiación irregular del partido) menciona otros escándalos ya conocidos sobre cómo y para qué empleaba el partido el dinero conseguido ilegalmente. Además de confirmar que la sede del partido se pagó con el dinero de la caja B, también Bárcenas explica cómo apoyaron un proyecto comunicativo del periodista Federico Jiménez Losantos, no solo por la cercanía ideológica, sino porque alimentaba la teoría de la conspiración que imputaba a ETA los atentados del 11 de marzo de 2004.

Bárcenas cuenta cómo sacó de la caja 140.000 euros para comprar acciones de Libertad Digital «por razón de que este medio de comunicación resultaba afín a las ideas del Partido Popular y, especialmente, a las tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones».

Más allá de confirmar elementos sabidos, el documento cita nuevas pruebas que afianzarán su relato, como la existencia de una grabación al propio Lapuerta donde se describiría el funcionamiento de las donaciones irregulares de beneficiarios de concesiones públicas.

Por otro lado, el escrito presentado ante Anticorrupcion relata cómo la operación Kitchen ha puesto en evidencia el robo de pruebas importantes para el caso, como pendrives y papeles sustraídos del despacho de su mujer.

Dentro de este acoso, Bárcenas destaca amenazas de muerte y el episodio del «falso cura» que llegó a secuestrar a su mujer durante unas horas exigiéndole toda la documentación que tenían contra el PP.