Después de que se suspendiera la citación realizada para el pasado mes de enero, las doce personas investigadas por el acto celebrado el pasado 12 de octubre en Iruñea han empezado a declarar telemáticamente ante la Audiencia Nacional desde el Palacio de Justicia de la capital navarra.

Están acusadas de un delito contra la Corona española porque durante ese acto fueron derribadas sendas estatuas que representaban al rey español Felipe de Borbón y a Cristóbal Colón, y que terminaron por los suelos y sin cabeza.

«No entendemos qué hacemos aquí»

A través de Lur Albizu y Unai Ekiza, las personas investigadas han señalado ante los medios que «seguimos sin entender qué hacemos aquí, más allá de unos intereses políticos concretos. Creemos que es un absurdo y un escándalo políticos y jurídico que doce personas tengan que venir a declarar ante la Audiencia nacional por una acción simbólica que se llevó a cabo derribando dos estatuas que representaban dos figuras que tienen un claro historial en la historia española».

Han denunciado que «todo esto es un montaje policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que fueron quienes iniciaron este proceso enviándolo a la Audiencia Nacional, prácticamente un tribunal de excepción que desgraciadamente conocemos muy bien en Euskal Herria».

Califican esta actuación de «montaje» que, consideran, «también tiene que ver con sectores reaccionarios que conocemos en Navarra, que incluso llegaron a pedir que se quitaran subvenciones a asociaciones migrantes que participaron en el acto de aquel 12 de octubre».

Han recalcado que «hoy han sido estos doce jóvenes, pero mañana puede ser cualquier otro» y han agradecido el respaldo de «la gente que se ha movilizado para apoyarnos. Queremos recalcar que no nos dejemos callar por estos montajes que representan a unos intereses concretos».

«Oídos sordos» ante la jurisprudencia europea

Por su parte, la abogada de los investigados, Jaione Karrera, ha reivindicado que «no ha habido ningún delito, que los hechos que se vienen a investigar son manifestaciones públicas amparadas por el derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. Han sido expresiones que pueden ser del gusto o del disgusto de la clase política o de personas concretas, pero no constituyen ningún delito».

En ese sentido, ha recordado que «así ha venido siendo establecido por la jurisprudencia internacional. Existen sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que así lo han manifestado».

Sin embargo, «volvemos a encontrarnos otra vez con que la Audiencia Nacional hace oídos sordos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de lo que establece tanto la Constitución española como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y vuelve a investigar y a someter a la pena del banquillo a ciudadanos que no han cometido ningún delito».

Por todos estos motivos, Karrera espera que el procedimiento sea archivado.

Concentración de apoyo

En apoyo a las doce personas llamadas a declarar, un nutrido grupo de personas en el que figuraban representantes de sindicatos, asociaciones y partidos políticos se ha concentrado ante el Palacio de Justicia para denunciar este caso. Se han congregado, manteniendo la preceptiva distancia de seguridad por el covid, detrás de una pancarta en la que se podía leer ‘Adierazpen askatasuna. Libertad de expresión’.